El Gobierno nacional decidió ayer prorrogar por tres meses la concesión del servicio de dragado y señalización de la hidrovía Paraguay-Paraná, en medio de una creciente polémica sobre el futuro de la explotación de esta vía de comunicación por donde transita casi el 80 por ciento de las exportaciones nacionales.
En tal sentido, el senador provincial Noel Breard, con el apoyo del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, presentó un proyecto de resolución para ser elevado al Congreso Nacional y a los gobiernos, nacional y provinciales costeros a esa vía fluvial.
En ese proyecto, decididamente se aboga por «establecerse el control y administración a través de una organización estatal federal integrada por el Estado nacional y las provincias ribereñas (Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires), lo que recuperaría el control sobre el comercio exterior y fundamentalmente, la soberanía de todos nuestros puertos y la navegación del río».
Ayer, el Ministerio de Transporte de la Nación, temporariamente a cargo del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, prorrogó por 90 días la concesión para la «modernización, ampliación, señalización y tareas de dragado y redragado» de la vía navegable troncal -los canales fluviales del río Paraná- por lo que el actual concesionario, el consorcio Hidrovía SA, continuará a cargo de la operatoria hasta el fin del mes de julio.
La prórroga por tres meses sostiene la actividad de la concesionaria Hidrovía SA, sociedad conformada por el grupo belga Jan de Nul y el holding argentino Emepa SA, y entró en vigencia ayer, al publicarse en el Boletín Oficial la resolución 129/2021 del Ministerio de Transporte.
La continuidad en la prestación del servicio por parte de Hidrovía SA implicará, al menos en los próximos 90 días, el sostenimiento del formato de operación que rige desde la firma del decreto 235/1995, definido como contrato de concesión de obra pública por peaje.
Una propuesta que circula es que tras un período de transición se realice una nueva licitación para que puedan presentarse otras empresas y además se defina un nuevo tipo de funcionamiento, en el que haya más control e incluso un rol más activo del Estado en la propia actividad.
Otra alternativa sería la creación o el fortalecimiento de un ente o empresa estatal para que el mantenimiento del tramo correspondiente a la Argentina de la Hidrovía Paraguay-Paraná quede directamente a cargo del Estado nacional, acaso asociado con las provincias ribereñas.
La prórroga por 90 días abrirá una suerte de transición a partir del próximo 1º de mayo. Una vez que se cumpla el lapso de tres meses, llegará el momento de definir si habrá una nueva licitación para concesionar la vía navegable troncal de la Argentina a un prestatario privado, o si se optará por otro formato o modalidad, con un retorno de funciones al Estado.
En principio, el presidente Alberto Fernández parece decidido a llamar a una nueva licitación nacional e internacional, lo que mantendría el criterio del Gobierno menemista de 1995 en que se privatizó (y extranjerizó) la regulación del transporte fluvial.