Durante la última sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia, el bloque del Partido Liberal, integrado por Eduardo Hardoy y Ana María Pereyra presentó un proyecto de la adhesión a la ley nacional contra el narcomenudeo, la cual compromete de manera más profunda al Estado provincial en la lucha contra este flagelo.
A diferencia del tráfico de drogas a gran escala, el narcomenudeo describe la tenencia de estupefacientes en pequeñas cantidades a los fines de su entrega, distribución o comercialización.
La iniciativa propone «la creación de un proyecto integral conjunto donde las fuerzas de seguridad de la Provincia, el Servicio Penitenciario y el Poder Judicial sean ejes importantes en la lucha contra el flagelo del narcotráfico».
En este sentido, subrayan: «Nuestros consumidores son víctimas, debemos hacernos cargos de la prevención pero también profundizar las acciones tendientes a combatir eficazmente la expansión de este vil comercio y sólo es posible ganar la batalla trabajando en conjunto y no en forma aislada. Se remarcó la necesidad de un plan integral debido a que no se duda de los esfuerzos del Estado provincial, aunque se considera que puede haber mejores resultados con planificación y políticas públicas bien trazadas».
La ley nacional establece la creación de funcionarios especializados en la materia como lo tienen los países de Europa. Un fuero especializado en narcotráfico y con competencia exclusiva. «Sin dudas abordaría de mejor forma la problemática, secretarías técnicas que entiendan en forma específica en la materia seguramente nos dará mejores resultados que los obtenidos a la fecha», se argumenta en la iniciativa.
La adhesión a la normativa federal y la idea de avanzar en la provincialización de la lucha anti drogas ya fue planteada en su momento por el ahora diputado nacional, Manuel Aguirre. Incluso, en el mismo bloque liberal es la tercera vez en que se insiste parlamentariamente.
LETRA CHICA
En los considerandos, la Ley de Narcomenudeo establece: «Facúltese en los términos y condiciones que fije la reglamentación, la coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Corrientes, a fin de ejecutar las acciones que fueren pertinentes para impedir el ingreso y tránsito de drogas dentro del territorio de la provincia. A estos fines se autoriza al Poder Ejecutivo la adquisición inmediata de los recursos tecnológicos y logísticos que fuere menester, como asimismo la determinación del lugar de alojamiento para detenidos o procesados hasta tanto se cuente con la infraestructura adecuada».
Asimismo, señala: «Confórmese el Consejo Provincial integrado por representantes de los tres poderes del Estado y de la Justicia federal, a fin de colaborar en establecer los mecanismos de trabajo en conjunto y seguimiento de la instrumentación de la presente ley, debiendo propiciar convenios o protocolos que permitan compartir información, datos y cualquier otro elemento que resulte eficaz en la lucha contra el narcotráfico, evitando que la investigación en delitos atribuidos a la competencia provincial, interrumpa o entorpezca la línea de investigación en delitos de mayor complejidad a cargo de la Justicia federal».
.