La diputada provincial Lorena Lazaroff introdujo a la Cámara de baja un proyecto con la finalidad regular los derechos de los internos carcelarios a las comunicaciones telefónicas.
La iniciativa, explicó la legisladora, tiene por objeto brindar respuesta por parte del Estado a distintas modalidades delictivas que hoy en día en la mayoría de los casos se lleva a cabo mediante celulares ingresados ilícitamente en los establecimientos penitenciarios.
El proyecto, al que tuvo acceso EL LIBERTADOR, pretende, para tal fin, tomar dos medidas en las unidades penitenciarias de la provincia: La primera es instalar inhibidores que bloqueen la señal de celulares en el interior de todas las cárceles; la segunda, que cada cárcel lleve un registro confidencial en donde se asiente quien utiliza los teléfonos públicos y cuándo, de modo que si un juez lo pide, se pueda identificar con claridad si alguien participó de alguna acción delictiva desde la cárcel.
Los objetivos del proyecto, explicó la legisladora, son evitar que los presos de unidades penitenciarias de la provincia manejen bandas o acciones delictivas desde el interior de las cárceles, e intentar reducir la cantidad de secuestros virtuales, los cuales muchas veces nacen de llamadas realizadas por celulares en posesión de los presos.
«Es absolutamente necesario reglamentar el derecho de los internos a las comunicaciones telefónicas como mecanismo para poner freno a la recurrente ola de delitos que padece la sociedad, buscando permanentemente la reinserción social de quienes se encuentran en establecimientos carcelarios, sin privarlos de su derecho a la comunicación», justificó la legisladora en la faz argumental del proyecto.
Lazaroff advirtió que «la inseguridad y la actividad delictiva crece cada día más en la provincia de Corrientes y en todo el país, y la gran mayoría son delitos cometidos con complicidad de gente que está detenida dentro de las cárceles», y remarcó que «actualmente las diferentes modalidades delictivas son llevadas a cabo mediante celulares ingresados ilícitamente en los establecimientos penitenciarios». «Algunas de estas modalidades son las extorsiones a comercios y hogares, balaceras con distintos objetivos», sostuvo.
«Así mismo cabe alertar que se realizan secuestros virtuales con celulares, cuya modalidad está en crecimiento. También se han conocido muchos casos en que los que jefes de bandas delictivas o narcotraficantes, siguen manejando sus operaciones desde el interior de las cárceles», sostuvo.
«En función de estas circunstancias, es necesario controlar y bloquear las señales de telefonía celular e Internet desde los establecimientos penitenciarios, con el objetivo de evitar la organización de ilícitos desde los establecimientos penitenciarios, siempre sin afectar el derecho a la comunicación del que deben gozar las personas privadas de su libertad», indicó.
MÁS CONTROL
Y REGULACIÓN
En concreto, el proyecto sanciona expresamente prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles de cualquier índole, y dispone que en consecuencia, se deberá proceder al bloqueo y/o inhibición de toda señal de telefonía móvil dentro de los establecimientos penitenciarios a fin de impedir u obstaculizar el uso de dichos dispositivos de acuerdo a lo que disponga la reglamentación.
En su Artículo N° 3, dispone que las comunicaciones telefónicas de los internos se efectúen entre las 8 y las 19 con una duración máxima de cinco minutos cada una. «La reglamentación determinará la cantidad de llamadas que podrá realizar el interno semanalmente y las condiciones excepcionales que deberán cumplirse en casos que exista urgencia», indica.
En su Artículo N° 4, indica que las comunicaciones telefónicas deberán llevarse a cabo a través de teléfonos fijos conectados a un conmutador consignando estrictamente los datos todas las personas que intervendrán en la llamada.
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