Con el objetivo de abordar de manera integral la problemática de los basurales a cielo abierto, que afectan a diversos puntos estratégicos de la Capital correntina, la concejal Mercedes Franco Laprovitta elevó un proyecto de ordenanza para la creación del Sistema de Contenedores de Residuos Diferenciados.
La propuesta surge como una respuesta directa a los impactos negativos en la salud y el ambiente, así como a los daños económicos derivados de la obstrucción de desagües pluviales que provocan inundaciones urbanas.
El proyecto subraya que, para lograr un compromiso real del vecino con la separación en origen, el Estado municipal debe garantizar la infraestructura necesaria. En este sentido, se propone la instalación progresiva de contenedores en barrios (priorizando aquellos que no cuentan con Puntos Verdes), plazas y avenidas principales.
ACCESIBILIDAD
Una de las particularidades técnicas de la iniciativa es que los contenedores deberán ser de materiales resistentes y no plásticos, con el fin de evitar daños por incineración o vandalismo, basándose en experiencias previas de la gestión municipal. Además, el sistema apuesta a la inclusión, estipulando que la señalética debe contar con pictogramas y sistema braille.
«La separación se estructurará bajo el esquema de colores universal: verde para residuos secos reciclables (papel, cartón, vidrio, metal y plástico) y negro o gris para desechos no reciclables. Más allá de la logística de recolección, que quedará bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la normativa busca integrar a los distintos actores sociales», expresó a EL LIBERTADOR Laprovitta.
AMPLITUD
El proyecto faculta al Municipio a celebrar convenios con cooperativas de recicladores, organizaciones ambientales y empresas privadas para optimizar el tratamiento de los recursos recuperables.
Finalmente, la propuesta contempla un fuerte eje educativo con talleres en escuelas y campañas informativas, estableciendo a su vez la prohibición de arrojar basura fuera de los dispositivos o en recipientes incorrectos para asegurar el éxito del programa.
El Ejecutivo Municipal dispondrá de un plazo de 90 días para su reglamentación una vez sancionada la norma.