La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes difundió un comunicado en el que manifestó su preocupación y disconformidad ante lo que consideró una falta de respuestas por parte del fiscal Facundo Sotelo en causas vinculadas a delitos rurales.
Según el texto, al 6 de enero de 2026, cinco unidades de la Policía Rural se encontraban desde hacía más de 24 horas a la espera de órdenes judiciales para continuar con procedimientos de aprehensión, permaneciendo expuestas a las inclemencias del tiempo. Indicaron que la demora afecta la continuidad de las actuaciones y la coordinación entre la fuerza policial y la fiscalía.
En el comunicado se advierte que la situación resulta especialmente preocupante debido a que algunas de las personas involucradas en este tipo de hechos habrían incurrido en conductas reiteradas. En ese sentido, sostuvieron que las demoras no solo desalientan el trabajo de la Policía Rural, sino que también interfieren en la respuesta que la sociedad demanda frente a los delitos en zonas rurales.
Desde la entidad señalaron
que estos hechos son de conocimiento público y que también fueron puestos en conocimiento del fiscal general. En ese marco, expresaron que determinadas actitudes y decisiones “parecen contradecir la necesidad de reprender el accionar delictivo”, en una región que requiere respuestas ágiles, especializadas y firmes.
Asimismo, la Asociación destacó y valoró el trabajo que realiza la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, ex Priar, al remarcar que las patrullas, controles y tareas de prevención permitieron avances concretos pese a los escasos recursos disponibles. Sin embargo, advirtieron que ese compromiso se ve obstaculizado al momento de judicializar los hechos.
Finalmente, instaron a las autoridades correspondientes a verificar el accionar de la fiscalía, conforme a lo que establece la ley, y a restablecer una coordinación efectiva entre la justicia y las fuerzas de seguridad rurales, al sostener que la seguridad rural no puede quedar sujeta a la desidia ni a decisiones que debiliten el Estado de derecho.