En Corrientes, el Juzgado Federal N°1 procesó con prisión preventiva a 13 personas vinculadas al «Tren de Aragua», imputándolas por integrar una organización criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta decisión judicial avala una investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) que desentrañó la operación de esta compleja red en territorio argentino desde el año 2019.
El principal acusado y presunto líder de esta estructura es el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, conocido como «Yiyi», cabecilla de la denominada «Banda del Yiyi». Boscán Bracho, quien tenía un pedido de captura internacional, fue detenido el 2 de octubre de 2023 por el Departamento Interpol de la Policía Federal (PFA) en una ruta correntina. Actualmente, permanece bajo un estricto régimen de «alto riesgo» en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza. Venezuela ha solicitado su extradición por delitos graves que incluyen extorsión, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado, terrorismo, tráfico de armas y obstrucción a la libertad de comercio.
De los 13 imputados, ocho son hombres y cinco mujeres. En cuanto a sus nacionalidades, once son venezolanos, una es colombiana y uno es argentino, si bien varios de los extranjeros también se nacionalizaron argentinos.
El Juzgado Federal N°1 de Corrientes, subrogado por el juez Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda, no solo dictó los procesamientos, sino que también dispuso el embargo de un millón de pesos para cada uno de los acusados. La resolución aplica la figura de la asociación ilícita en su modalidad de «organización criminal», contemplada en el artículo 210 ter del Código Penal e incorporada por la Ley 27.786 (promulgada en marzo pasado), que prevé penas de 8 a 20 años de prisión. El juez Fresneda dictó prisión preventiva para Boscán Bracho y otros cinco acusados por los tres delitos (organización criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo), mientras que tres mujeres recibieron prisión domiciliaria por los mismos cargos, y otros cuatro imputados fueron procesados por organización criminal y lavado de activos.
El magistrado resaltó en su resolución que las personas investigadas pertenecen a una «organización criminal transnacional estructurada, con una clara división de roles, capacidad operativa sostenida y un sistema económico subrepticio de disimulación y circulación de fondos», que ha operado de manera estable en Argentina bajo el liderazgo de Boscán Bracho. El juez destacó el «alto grado de planificación y logística» de la organización, que les permitió establecerse rápidamente en el país y demostrar una «notable capacidad económica», evidenciada en la adquisición de diversos bienes muebles e inmuebles de significativo valor en pocos años de residencia.
La investigación, iniciada en octubre de 2023 tras la detención de Boscán Bracho, fue coordinada por la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Los fiscales Flavio Adrián Ferrini, Santiago Marquevich y Diego Velasco, en colaboración con el Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA, llevaron adelante medidas como la intervención de líneas telefónicas y el levantamiento del secreto bancario para identificar a los otros 12 acusados.
La pesquisa reveló que la organización, vinculada al Tren de Aragua, operaba en Argentina desde la llegada de «Yiyi» en 2019, utilizando identidades falsas, sistemas informales de transferencia de dinero y estructuras familiares para ocultar fondos ilícitos. Se identificaron dos células principales: una liderada por un primo y otra por la pareja de Boscán Bracho, quienes mantenían contacto directo con él incluso después de su detención. Entre los activos adquiridos por el grupo se encuentran campos, diversas propiedades (algunas en countries) y hasta locales comerciales, como un centro de estética de uñas en La Plata. También se detectó un patrón de envío sistemático de transferencias entre miembros del grupo familiar sin justificación económica lícita. Un allanamiento se realizó en un local de Western Union en el barrio porteño de Colegiales, donde se identificó un circuito paralelo de transferencias denominado «Giro Activo», utilizado para enviar y recibir fondos entre Venezuela y Argentina. El análisis patrimonial y financiero estimó un total operado no inferior a 120 millones de pesos.
La acusación de financiamiento del terrorismo se refuerza con la inclusión del Tren de Aragua en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET) por resolución 186/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional. Esta medida se tomó después de que, el 20 de febrero pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la designara como «Organización Terrorista Extranjera». El juez, en línea con los fiscales, concluyó que la plataforma de lavado de activos concurría «con un esquema organizado para la recolección y provisión de fondos destinados al financiamiento de una organización criminal transnacional, cuyo objetivo fundamental consiste en ejecutar actos destinados a atemorizar y extorsionar a la población civil, generando condiciones de control territorial violento».