Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, solicitan poder compatibilizar trabajo registrado con planes y programas sociales. La entidad pidió una audiencia urgente con autoridades nacionales.
Las economías regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) volvieron a manifestar su preocupación por la falta de mano de obra en el campo.
Si bien a principios del pasado enero de este año la entidad había hecho público el reclamo, ahora resaltó que «nadie lo escuchó y algunos productores ya perdieron buena parte de sus cosechas».
Además, solicitó una audiencia con carácter urgente al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. «Aún no fue atendida (la solicitud) pese a la gravedad del problema, que atenta contra el normal desempeño de la actividad productiva, resaltó un vocero.
Al momento, la falta de trabajadores rurales ocasionó que producciones como la de la cereza, las frutas de carozo, el ajo, el tabaco, la vid, los cítricos, las pomáceas, el té y el olivo, entre otras, hayan sufrido una baja en la productividad, una elevación de costos e, inevitablemente, una disminución de la rentabilidad.
Los pequeños y medianos empresarios agropecuarios aseguran que los planes y programas de asistencia social «desincentivan a los beneficiarios a aceptar un empleo registrado, ya que el blanqueo implica la baja automática de los beneficios».
«El plan Empalme jamás funcionó, entonces, tras finalizar la relación de dependencia, pueden pasar dos o tres meses hasta que vuelven a cobrar la asistencia social», indicó la misma fuente.
Desde las economías regionales no cuestionan la ayuda que el Estado brinda a los más necesitados, pero sí coinciden en que no debería ser un escollo para el normal desempeño de la actividad, responsable de garantizar la mesa diaria de los argentinos.
ENTORNO
«Los trabajadores nos transmiten su miedo a perder la ayuda estatal si los registramos, y prefieren no asumir el riesgo, ya que es la única fuente de ingresos que tienen. Nosotros necesitamos mano de obra y por eso solicitamos compatiblizar los planes y programas sociales con el empleo registrado, de forma tal que puedan seguir cobrándolos pese a estar en blanco», aseguró Eduardo Rodríguez, presidente de Economías Regionales de la Came.
Para que el problema no se agrave ni se replique en otros cultivos, es necesario que el Estado intervenga de manera urgente. «Es paradójico que, por un lado, el Gobierno quiera combatir la evasión y la informalidad; y por el otro nos coloque en esta encrucijada», recalcó Rodríguez.
Actualmente, los productores deben decidir entre perder parte de la cosecha o bien contratar trabajadores en negro, fomentando la industria del juicio y arriesgándose a recibir una sanción por empleo no registrado. Sea cual fuere la opción elegida, los riesgos son altos.
Asimismo, la ausencia de registro tiene otro perjuicio para el empleador. Lo que no está declarado no puede deducirse en la liquidación anual del Impuesto a las Ganancias, por lo que el productor se ve en la obligación de absorber estos costos, que vulneran aún más su rentabilidad, si decide encarar la zafra con trabajadores informales.
Además, la entidad resaltó que las producciones regionales emplean a alrededor del 70 por ciento de la mano de obra rural, dando trabajo a aproximadamente 625.000 trabajadores temporarios en época de cosecha. «Un país con hambre y altas tasas de desempleo se da el lujo de desperdiciar alimentos por no contar con la cantidad de personal necesario para levantar la zafra», remarcó el titular del sector.