El Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Corrientes recibió ayer una nota presentada por el defensor de los Vecinos, Agustín Payes. El escrito plantea la necesidad de que los vecinos afectados por los cinco días consecutivos de paro de los trabajadores del transporte público de pasajeros, reciban un resarcimiento por parte de las empresas prestadoras del servicio.
De esta forma, el Defensor consideró que las empresas del servicio de transporte de pasajeros «deben resarcir el daño causado al usuario que se perjudicó con la interrupción de cinco días del servicio de transporte que no contó con un plan de emergencia para cubrir mínimamente la demanda». De esta forma, solicitó a las autoridades municipales que apliquen medidas sancionadoras a dichas firmas para que compensen a las personas afectadas por la medida.
Payes justificó el pedido de resarcimiento en que la normativa vigente establece una serie de medidas ante el incumplimiento de los servicios públicos. «Diariamente usan el servicio de colectivos más de 120.000 vecinos que dependen del transporte público para trabajar, estudiar, ir al médico, desarrollar su vida con normalidad. Y al no haber un servicio de emergencia le causa un daño grave, porque afecta hasta en su economía ya que debe pagar un servicio privado para movilizarse», argumentó.
«Sería justo que por al menos dos días las líneas de colectivos presten un servicio gratuito para de alguna forma reparar los perjuicios causados al usuario durante los días que no hubo colectivos», afirmó Payes.
Respecto del resarcimiento, el Defensor dijo: «El artículo 92 de la Ordenanza 6.283, que aprueba la licitación pública para la concesión del sistema de transporte urbano establece que en caso de incumplimiento por parte del concesionario, serán de aplicación al mismo las disposiciones y penalidades establecidas y que en ningún caso será pasible de sanciones, cuando la imposibilidad de cumplir sus obligaciones se deban a causas fortuitas, pero una huelga de choferes, no es algo fortuito o de fuerza mayor». Ante esto, comunicó que «la Defensoría de los Vecinos solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, dar inicio al procedimiento administrativo de evaluación sobre las causales de aplicación de sanciones establecidas en la Ordenanza 6.283».
Según hizo notar el organismo, es la segunda vez que la Defensoría solicita la aplicación de sanciones por incumplimiento en el servicio de transporte.
El 20 noviembre de 2018, tras una huelga de dos días, Payes advirtió los graves perjuicios que causó la paralización total del transporte público e instó a las autoridades del Poder Ejecutivo Municipal a que se repare el daño causado y se cumpla con las medidas contempladas en la Ordenanza para tales casos.
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