Considerada fuente de ingresos, generadora de mano de obra rural y de gran beneficio para el cuidado del medio ambiente, incluso con el aporte de energía limpia, la actividad forestal aún no alcanzó poner en acto todo su potencia en las provincias forestales argentinas, especialmente en Corrientes, la de mayor forestación en el país, mientras profesionales de la vecina Misiones advierten sobre una debilidad en las políticas de promoción del sector.
20-CONTRATAPA-10A propósito de la reciente noticia que indica que capitales franceses expresaron su interés en la construcción de la planta de biomasa Kuera SA en Santo Tomé, que se proyecta desde 2014, merece destacarse los beneficios que produce esa industria, como ya se atestigua en la localidad de Santa Rosa, donde se inauguró la primera de las plantas en territorio correntino y luego la de Fresa, en Gobernador Virasoro.
Como indica esa última empresa en su página web: «A partir del consumo de residuos de biomasa se reduce la contaminación ambiental, los riesgos de incendios y las emisiones de efecto invernadero, ya que el valor agregado producido genera menos dióxido de carbono que su descomposición orgánica en el suelo».
En España, en los últimos 30 años se ha duplicado la cantidad de biomasa forestal (combustible). «O la gestionamos, o se gestiona ella en base a los incendios forestales que ante las condiciones climáticas se potencia el riesgo y pueden ser de gran magnitud. La realidad es que no nos podemos permitir el lujo de no saber qué hacer con ella», reflexionaron en el marco del Día Mundial Forestal desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.
INCÓGNITAS
Así titula la página web especializada en el tema, Argentina forestal, al publicar un artículo del ingeniero forestal, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (Coiform), Nicolás Ocampo, quien si bien se refiere a la situación de la vecina provincia puntualmente, también debe considerarse del lado correntino porque orbita sobre la legislación nacional en la materia.
El profesional advierte de una debilidad en las políticas de promoción de esa producción, especialmente para los pequeños y medianos productores, al afirmar que «la sanción de la prórroga de la Ley 25.080 -con las normas 26.432 y 27.487, ésta última prorrogada a fines del año 2019-, con sus modificaciones, buscaba mostrar la voluntad de la política nacional de fortalecer la producción forestal, pero sobre todo la intención de atender la demanda de los pequeños y medianos productores. En ese momento, resurgieron grandes expectativas en el sector anhelando un futuro próspero para estos actores, ya que para ellos se estaban generando mejores condiciones en la aplicabilidad de la ley». Sin embargo, seguidamente indica que «podemos decir que, iniciando el año 2022, dichas expectativas se han extinguido, generando nuevamente una desilusión tanto para productores como para los profesionales que creemos que existe una necesidad inminente de disminuir la brecha» entre esos estamentos de forestadores.
Fundamenta su observación, en los trámites burocráticos como la imprevisibilidad al momento de los pagos; la desactualización de los costos de implantación con la que se paga los planes presentados con retrasos de más de 10 años en algunos casos, y la concentración del modelo de negocio que va excluyendo cada vez más a los pequeños, entre otros aspectos.
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