Fue en la causa del Registro de la Propiedad. Un errado enfoque de la normativa aplicable puso en la mira a funcionarios del organismo que fueron privados de la libertad sin dársele la oportunidad previa de ser indagados, en ejercicio del derecho de defensa. El caso del jefe de Legales, Pedro Verón fue patético. Fue él quien formuló la denuncia por instrucciones de la propia directora, María Eugenia Demetrio, y ambos pasaron de denunciantes a denunciados. Hasta ahora, cuesta asumir el nuevo plexo normativo que obliga a los fiscales a investigar antes para luego actuar. En los hechos, se vino deteniendo a personas para después buscar pruebas. En el caso de Demetrio y Verón está claro, conforme lo ha indicado el propio Consejo Federal de Registros de la Propiedad de todo el país, que los límites de su responsabilidad son el control formal de actos en los cuales juega el carácter de fedatarios de los escribanos de matrícula y el propio control de la Inspección de Justicia, así como del Colegio de Escribanos que no venían cumpliendo con la rutina de rigor.
03-POLITICA-16Finalmente, la Cámara de Apelaciones, en un fallo de alto impacto, dispuso la excarcelación inmediata -que ya se hizo efectiva- del doctor Pedro Verón. Se trata de un destacado funcionario de carrera en el Registro que, a pesar de que fue quien impulsó una necesaria investigación sobre una serie de hechos reprochables, extrañamente quedó implicado, habiendo dispuesto su detención, previo allanamiento, sin cumplir con el requisito anterior de escuchar cuanto en su defensa podría expresar.
La privación de la libertad, a partir de las líneas directrices de la última reforma, es un caso extremo al que hay que acudir sólo en hechos de extrema claridad.
En lo concreto no ocurre así. A lo largo y lo ancho de la provincia, hay imputados que entran por una puerta y salen por la otra cuando sí se justifica mantenerlos presos para que la investigación pueda llegar a buen término.
Por el contrario, se dan casos como el de Demetrio y de Verón, que han causado un efecto claramente negativo en los que no se dieron elementales garantías constitucionales. Se obvió el análisis de elementos determinantes como la inmediata pesquisa de los celulares. Por lo demás, y en el caso de los funcionarios del Registro, es obvio, tal como lo enseña el destacado jurista Guillermo Ángel Borda, autor de la reforma dispuesta por la Ley N° 17.711, que la responsabilidad de los registros de la Propiedad es otra absolutamente distinta al encuadre dado por el fiscal, Gustavo Robineau y por la jueza, Josefina González Cabañas.
Hace varias semanas, la magistrada, contrariando el dictamen del Fiscal, dispuso la libertad de la escribana Demetrio. Ahora, fue la instancia superior quien, al analizar la apelación interpuesta por Armando Aquino Britto, dio la razón a la defensa, siendo de lamentar, por el imputado -pero antes que nada por la concepción del Derecho y el mal precedente que ha sentado- que se haya mantenido privado de la libertad a una persona que goza de la presunción de inocencia y que tiene el derecho consagrado en la ley de esperar el juicio en libertad en el caso que se avance en su procesamiento. Algo por sí difícil, en función a las normas regulatorias que han sido obviadas.
Un tema no menor, que preocupa, es el plazo tomado por el Juzgado para resolver la situación procesal. El Código fija un término de seis días para resolver el sobreseimiento, la falta de mérito o el procesamiento. En los hechos, letra muerta nunca se cumple. Algo lamentable, que debe ser tenido en cuenta como la recomendación a los fiscales para que, antes de impulsar la acción, se sumen de las pruebas necesarias sin actuar al revés, esto es: primero detener y luego tratar de justificar la detención.
Ayer, además se conoció la liberación de otros imputados, que quedan a las resultas del juicio (ver aparte).
Causa terrenos: más excarcelaciones
Se dispuso ayer la liberación de 4 imputados en la causa que investiga presuntas estafas digitadas por trabajadores de las oficinas del Registro de la Propiedad Inmueble y de Catastro.
Para quienes se ordenó la liberación fue para el abogado Iván Bordón, Narciso Santín Tofoletti -titular de la Dirección de Catastro-, Pedro Antonio Verón -jefe de Legales del Registro- (ver nota principal) y un hombre de apellido Leiva. Todos fueron puestos en libertad este viernes 16.
Matías Aquino Viudes, abogado defensor de Verón fue quien se refirió a lo acontecido ayer. «La Cámara determinó que no existe un peligro de fuga que pueda impedir la investigación del presunto ilícito. O sea que Pedro Verón, colaboró con la administración de justicia, haciendo no solamente la denuncia por la cual se inicia esta investigación. Y es importante remarcar esto, que sin la denuncia del doctor Verón, nada de esto habría salido a la luz», remarcó el representante legal del titular de Legales del Registro de la Propiedad Inmueble.
«Verón, posterior a su denuncia, siempre ayudó a la causa. Pidió que se peritara su teléfono móvil. Y siempre estuvo aguardando que la Justicia obviamente avanzara en la investigación», agregó Viudes y aseguró: «Por supuesto que la investigación va a seguir con él en libertad; con él siempre dispuesto y a disposición de la Justicia para habilitar cualquier solución posible».
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