Gerardo Cabral, el titular de la Fiscalía Rural y Ambiental que investiga a emprendimientos arroceros en las cuencas de los ríos Miriñay y Corriente, ante la extrema sequía de sendos cauces habló hoy sobre el avance de las causas. No descarta el inicio de causas penales por el uso ilegal del agua y el daño al ambiente.
En el caso del río Miriñay donde se detectó una arrocera ilegal Cabral, adelantó en declaraciones radiales que la semana que viene se realizarían las imputaciones por las irregularidades de la arrocera que construyó un terraplén sobre el río Miriñay que impide el normal escurrimiento de las aguas, que ocasiona inconvenientes aguas abajo, y las consecuencias que ello ocasiona a la biodiversidad.
No se descarta que queden imputados el propietario de las tierras, el titular de la arrocera, el técnico encargado de la obra, incluso funcionarios públicos por los delitos de usurpación de agua (artículo 182 del Código Penal) y daño gravado (artículo 184 inciso 5, CP).
Tras los allanamientos ordenados por el juez Martín Vega, Cabral dijo a EL LIBERTADOR que avanzará con el pedido de destrucción de los terraplenes que impiden la circulación del escaso caudal del agua. Se trabajará para ello de manera articulada con el Estado provincial, debido a que el Ministerio Publico no cuenta con la logística necesaria para llevar adelante esa tarea. Se requiere de maquinaria específica como retroexcavadora, entre otras.
«Se constató una barrera artificial construida sobre el río Miriñay, a través de la Gendarmería Nacional con asiento en Paso de los Libres. Se utilizaron drones con GPS para localizar bien el punto, las coordenadas y se avanzó con el secuestro preventivo de motor con estación de bombeo y también pretendíamos secuestrar una excavadora pero que ya no estaba al momento del allanamiento», precisó Cabral.
«Pedimos información al Icaa que estamos esperando, pero verbalmente nos informaron que la arrocera no tiene autorización para el uso del agua, por lo que la semana que viene esteramos realizando las imputaciones», aseguró a este diario.
RÍO CORRIENTE
A ello se le sumó la problemática del río Corriente, advertida por los propios productores de la zona que enviaron una nota al Icaa, con copia a la Fiscalía y esta inició un expediente administrativo y solicitó al organismo provincial de contralor el detalle de todas las concesiones de agua y las hectáreas sembradas para esta campaña arrocera.
“Esa información nos proporcionaron hace dos días en el medio del trabajo de investigación que veníamos haciendo con Prefectura Naval de Goya, los Priar (Policía Rural y de Islas) de Perugorría, Curuzú (Cuatiá), la policía de Chavarría y Yofre, porque la jurisdicción de la fiscalía es amplia. Estamos relevando toda esa información y también expectantes porque tenemos conocimiento que se realizó una reunión donde intervino el Icaa y en principio se establecieron mecanismos de control y el compromiso de las empresas arroceras de disminuir el bombeo y ver el escurrimiento del caudal del río Corriente, donde se cortó en Paso López, ruta provincial 24, hacia abajo”, detalló Cabral.
“Pedimos la constatación del Priar de Perugorría y no descartamos el inicio de alguna causa penal y un amparo ambiental”, sostuvo el Fiscal.
Resulta oportuno mencionar que en los últimos días se hicieron virales imágenes y videos de la sequía en la zona, donde existen emprendimientos productivos que estarían extrayendo agua de los cauces, secándolos literalmente.
