La denuncia realizada por el fiscal, Guillermo Marijuan sacudió la mañana de martes a escala nacional. Fue gracias a la investigación en marcha, sobre el desmanejo de los planes sociales. Y en este caso, se detectaron 8.500 beneficiarios en todo el país que cobraban a pesar de figurar como empleados públicos.
Buscarán depurar el padrón, eliminar irregularidades y garantizar que la ayuda social llegue efectivamente a las personas más vulnerables.
En Corrientes, los «dudosos» beneficiarios sumaron 518 personas que -según la normativa que rige al programa muestran alguna incompatibilidad, puesto que se establece que no pueden acceder trabajadores formales o del Estado. La erogación irregular sería de más de 7 mil millones de pesos. Asimismo, 13 provincias y Caba aún no aportaron la base de datos de sus dependientes.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, prepara una resolución para dar de baja a los 8.500 casos, en línea con el pedido de la Justicia.
Este hecho expone una de las políticas estratégicas aplicadas por el kirchnerismo que, con el discurso de equidad y ayudar a los que menos tienen, utilizaron los recursos estatales para otros fines.
Por ello se busca darle un corte definitivo a este tipo de sistemas, ya que, con lo descubierto hasta el momento, se puede determinar que dicha irregularidad genera un gasto mensual total (en las 10 provincias que hasta el momento aportaron los datos) que asciende a 650.000.000 pesos mensuales, más de 7.800 millones anuales, sin contar con el aguinaldo.
La Fiscalía envió un requerimiento a los fiscales federales de Corrientes para proceder con la suspensión de estos planes. Se trata de una acción en el marco de una investigación más amplia sobre incompatibilidades en el Potenciar Trabajo, a la espera que 13 administraciones provinciales expongan sus casos.
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