Organizaciones sociales en Corrientes manifestaron en la semana su discrepancia con las políticas sociales de contención del Gobierno nacional.
Conforme el incremento en el costo de vida y las dificultades propias impuestas por la pandemia, la agrupación Barrios de Pie y numerosos colectivos expresaron en los últimos días la necesidad de un viraje económico con una gestión estatal afín.
«En medio de una pandemia mundial que arrasa con la salud de la población, el Gobierno nacional sigue aplicando un ajuste salvaje contra la salud, la educación y la atención social imprescindible para millones que lo necesitan. La baja del déficit fiscal y el pago de la Deuda Externa son los objetivos prioritarios para el Gobierno, lo que ya ha producido una enorme catástrofe social que ha dejado sin trabajo a más de dos millones de trabajadores, salarios por debajo de la línea de pobreza, jubilaciones de miseria y planes sociales más bajos que la línea de indigencia. La eliminación del IFE no trajo aparejada la apertura irrestricta, como correspondería a la emergencia, de los programas sociales existentes, como el Potenciar Trabajo que está cerrado y no admite nuevos ingresos», puntualiza un comunicado que fue entregado a la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
En este sentido, subrayan: «Los miles de trabajadores que sostenemos un trabajo diario en comedores populares y otras tareas venimos también sufriendo un ajuste con recortes en los alimentos, planes sociales que no superan ni la mitad de la canasta de indigencia y programas que se devora una inflación galopante, que no tiene nada que envidiarles a los ajustes clásicos que aplicó en todo el mundo el FMI. Ahora, el Gobierno insiste en recortar programas sociales que estaban por salir al cobro sin explicación alguna. El nivel salarial y de ingresos no para de caer y eso además de ser un crimen social, reduce el consumo de alimentos, afectando la producción y aumentando la recesión».
VIRAJE
Asimismo, apuntan contra el actual plan económico: «El curso ajustador que sigue el Gobierno se expresó a fondo el 27 del mes pasado cuando el Gobierno con el beneplácito de las cámaras patronales y la complicidad de las centrales sindicales y la presencia como invitados de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) fijó una cifra miserable de salario mínimo, vital y móvil de 29.160 pesos recién en febrero del año que viene, ¡un ingreso que está por debajo de la línea de indigencia! Los salarios han sido también una variable de ajuste y el gasto público ha caído 6 puntos producto de la inflación, una línea ajustadora al servicio del pago de la Deuda Externa».
Entre las organizaciones peticionantes se encuentran el Polo Obrero, Bloque Piquetero Nacional, Organización 17 de Noviembre, Frente de la Resistencia, entre otros.