Referentes de la foresto-industria observaron con preocupación que el sector «no» está en ninguna propuesta, mas allá de que los candidatos y sus equipos de asesores lo tengan «identificado» como estratégico y sobre diagnosticado en su potencial. «Nada hay en concreto, y preocupa porque no se sale de los temas de coyuntura y emergencias económicas, cuando se necesita en un debate electoral una planificación con medidas concretas para el crecimiento de largo plazo», expresaron en forma coincidente a escasos días de concluir la campaña.
Desde el sector, opinan que desde hace una década la Argentina «se estancó» con menos de 1,3 millones de hectáreas plantadas, entre exóticas de pinos, eucaliptos, álamos y otras, y enfrenta una abrupta caída de inversiones en el sector primario por varias razones, una de ellas, una ley de promoción que desde que se sancionó y prorrogó pero no cumplió los objetivos de financiamiento necesarios ni acompañó con un marco jurídico el proceso de industrialización.
Igualmente, se reconoce que sin la existencia de esta herramienta, no se hubiera logrado la masa forestal existente en la Argentina para la producción de madera renovable en los últimos 20 años. Ahora, el desafío -subrayan- es lograr un sector competitivo, sostenible y con márgenes de rentabilidad en el retorno de inversión «para todos los actores de la cadena productiva», incluido, el último eslabón: el pequeño productor.
UN PLAN ESTRATÉGICO
SIN TRATAR
Desde Consejo Foresto-industrial Argentino (Confiar), consideraron que «la Argentina cuenta con al menos 3,7 millones de hectáreas de tierras disponibles para expandir las plantaciones forestales que no afectan sitios de alto valor de conservación, ni compiten con bosques nativos ni con cultivos».
Cabe destacar que desde Confiar se ha presentado a los candidatos y sus equipos, el Plan Estratégico Foresto-industrial 2030 que proponen para debatir en mesas público-privadas.
Por otro lado, existen 53,6 millones de hectáreas de bosques nativos en diferentes estados de conservación y determinados por los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (Otbn) provinciales con un gran desafío para el uso sostenible de los mismos para el desarrollo local y bienestar humano, otra materia pendiente en el debate argentino.
Propuestas
en stand by
Dirigentes de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines, en una reciente reunión con candidatos presidenciales, plantearon incorporar en la agenda política:
·Mayor apertura al Comercio Exterior.
·Equilibrio en importaciones.
·Mejorar la instrumentación y el financiamiento de las normas de bosque nativo y de promoción de las plantaciones forestales (Ley 26.331 y Ley 25.080).
·Promoción definitiva de la Construcción con madera como opción habitacional sustentable en los programas del Estado y la obra pública.
·Capacitación de mano de obra calificada y oficios.
·Tipo de cambio estable.
Ley 25.080
y una deuda millonaria
En el marco de las reuniones que han convocado las entidades para dialogar con los equipos presidenciables, el principal reclamo de los productores forestales es por el atraso en el pago de resoluciones de la Ley 25.080, ley de promoción de Inversión en Bosques Cultivados, ya que además de la paralización del envío de los fondos que Nación adeuda a las provincias, no cumple sus objetivos: «Es una ley desfinanciada y su incumpliendo en la aplicación de los beneficios y el pago en tiempo y forma, desalienta a los productores», cuestionan desde el sector.
Según el último censo, hay alrededor de 12.800 productores forestales y el país tiene una superficie forestada de 1,3 millones de hectáreas, estancada en esa superficie en los últimos cuatro años.
Con urgencia, el sector primario requiere que Economía habilite el pago de resoluciones ya aprobadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para el desembolso de los Aportes No Reintegrables reconocidos por la Ley 25.080, de promoción de inversiones en bosques cultivados.
«No hay prioridad para el de pago a las Resoluciones de planes forestales, no existimos en la agenda del Gobierno nacional», coinciden las quejas.
«Se ha perdido el incentivo a plantar y este es un tema crucial para el futuro de la actividad, y no está en la agenda de las plataformas electorales», expresan desde el sector de la industria maderera.
Corrientes, con fondos desactualizados
Los aportes de la Ley 25.080 reconocen un porcentaje de los costos de plantación y se deberían abonar luego de los 3 años de realizada, al valor de los costos reconocidos al momento de plantación, situación que históricamente no se cumplió de la operatoria.
La pérdida económica por inflación en los últimos años es muy importante, y la demora en los pagos de resoluciones que ya están aprobadas sigue degradando los importes que reciben los productores forestales, en muchos casos con expedientes de menos de 10 hectárea hasta 500 hectáreas.
En lo que va del año, a la provincia de Corrientes -la mayor del país en superficie forestada con 550 mil hectáreas- destinaron sólo un poco más de 50 millones de pesos de fondos de planes forestales, con los atrasos que impactan en los costos de implantación ya que son fondos que llegan desactualizados.
Se requiere de políticas de Estado adecuadas a la realidad nacional y global, para revertir este escenario de estancamiento si realmente la foresto-industria es considerada una cadena productiva estratégica para el desarrollo sostenible del país.
«Una de las señales hacia el productor sería que se adopten medidas que garanticen el financiamiento de la Ley 25.080 en el Presupuesto Anual, y se cumpla de manera eficaz la operatoria, además de acompañar con nuevas leyes el proceso de industrialización forestal que se requiera para atraer inversiones», señalaron desde el sector.
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