Los problemas de la economía impactan en los rubros de la producción. La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) seccional Corrientes reconoció que el Gobierno nacional les adeuda más de tres meses en los pagos por obras de viviendas públicas y hay mucha preocupación en el sector.
Los constructores sostienen que existe un importante retraso en los pagos que excede al presente ejercicio. A la fecha, faltan abonar parte de los certificados emitidos por obras ejecutadas en el mes de diciembre de 2022, que se suman con la nueva deuda originada en lo que va del primer bimestre ya que solamente las empresas del sector recibieron sólo el 7,2 por ciento de los certificados devengados.
«Sobre la situación de los planes de vivienda se están teniendo problemas fundamentalmente por la falta de los certificados aptos técnicos para poder licitar las obras presentadas por las provincias a la Nación, así como también con los aptos financieros de aquellas obras que ya fueron licitadas en algunos casos durante 2022, pero fundamentalmente con los presentados desde principios de 2023», expresó a EL LIBERTADOR, el Presidente de Camarco Corrientes.
Roselló señaló que «en épocas inflacionarias como la actual, estos 60 días sumados al retraso en los pagos de los certificados está generando distorsiones muy fuertes en los reconocimientos de las variaciones de costos de las obras, produciendo importantes quebrantos en las empresas que realizan viviendas en el Interior del país, fundamentalmente las Pymes».
Otra preocupación para los empresarios del sector es que el déficit habitacional no deja de crecer. Cada año aumenta más el número de nuevas familias, que de soluciones habitacionales y las existentes envejecen y se deterioran.
Roselló puntualizó que «se debe adoptar para el futuro políticas de Estado permanentes, que trasciendan los ciclos de gobierno, que atiendan las necesidades de vivienda de los distintos sectores sociales. Entendemos que las recomendaciones de la Mesa Técnica referidas son una base ineludible para esas políticas».
De acuerdo con datos del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat cuenta para este año 2023 con partidas por 381.100 millones de pesos, donde el 48 por ciento tiene por destino el Fondo Fiduciario Procrear; el 43,2 corresponde al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, a través del cual se llevan adelante, entre otros, la ejecución de las viviendas del programa Casa Propia en las provincias. El 8,9 por ciento restante son transferencias a los gobiernos provinciales, municipales y cooperativas.
«La ejecución del presupuesto de vivienda de este año viene bastante ralentizada. Finalizado el primer bimestre (16,6 por ciento del ejercicio 2023), el avance de la ejecución presupuestaria alcanza solamente al 6,8», precisó Roselló.
.