El Gobierno afina los detalles para reactivar el blanqueo de capitales bajo el nombre de Ley de Inocencia Fiscal. En un encuentro liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, el Poder Ejecutivo detalló las modificaciones que enviará al Congreso para mejorar la ley aprobada en diciembre pasado, tras escuchar las recomendaciones de contadores y tributaristas.
El principal objetivo de la medida es seducir a los argentinos que mantienen sus ahorros en efectivo y fuera del radar del Estado, lo que popularmente se conoce como los «dólares del colchón».
«Hay más de 4 veces la cantidad de depósitos en dólares metidos en el colchón. Hay US$ 170.000 millones«, detalló Caputo, basándose en estimaciones del Banco Central (Bcra).
Para el ministro, mantener el dinero fuera del sistema «es muy mal negocio» porque pierde valor con el tiempo, pero además representa un freno para la economía nacional. «Necesitamos que esos dólares se vuelquen al sistema financiero para que el país crezca nuevamente, genere mayores recursos y un mayor superávit que nos permita seguir bajando impuestos», afirmó el titular del Palacio de Hacienda.
Por su parte, Ibarzabal Murphy destacó que las modificaciones introducidas buscan «robustecer la seguridad jurídica del régimen» y dar la confianza necesaria para que los ciudadanos pierdan el miedo a formalizar sus ingresos.
Punto por punto: qué cambia con el nuevo proyecto
El texto elaborado por el Ejecutivo introduce cuatro modificaciones técnicas clave para hacer el régimen más atractivo y menos punitivo ante eventuales errores:
- Sin límites de ingreso (Ampliación del universo): Se eliminan las barreras de patrimonio o de ingresos. Ahora, el régimen estará abierto para todas las personas físicas y sucesiones indivisas. Los catalogados como «Grandes Contribuyentes» podrán usar el sistema para que el fisco les pre-liquide el impuesto de forma más ágil, aunque no gozarán de los beneficios y perdones que ofrece la ley para los ahorristas comunes.
- Márgenes de error más flexibles (Discrepancia significativa): Si Arca (la agencia recaudadora) detecta diferencias entre lo declarado y la realidad, el contribuyente no quedará automáticamente expulsado del régimen. No habrá exclusión si la diferencia en el impuesto es inferior al 15%. Incluso si supera ese porcentaje, el contribuyente seguirá protegido si el monto en disputa no alcanza los 5 millones de pesos (equivalente al 5% del monto de evasión previsto).
- La carga de la prueba pasa al Estado: A partir de ahora, Arca no podrá basarse en simples «presunciones» para acusar a un contribuyente de una discrepancia. El fisco estará obligado a demostrar la irregularidad con datos concretos, utilizando sus propios sistemas o información de terceros.
- «Salvataje» para el contribuyente: Si el fisco detecta una diferencia, el ciudadano tendrá un plazo de 15 días hábiles para presentar una declaración jurada rectificativa y pagar la diferencia (más intereses). Al hacerlo, salva su participación en el régimen y no pierde los beneficios. Antes, esto solo se permitía en casos extremos de facturas apócrifas.
- Devoluciones rápidas garantizadas: Si un contribuyente decide pagar un ajuste para no perder los beneficios de la ley, pero luego demuestra que el Estado estaba equivocado y se revoca la impugnación, Arca estará obligada a devolverle el dinero con intereses en un plazo máximo de 45 días hábiles.
El proyecto, que mantiene intacto su espíritu original de perdonar penalidades pasadas a quienes se vieron forzados a informalizar sus ahorros, comenzará a ser debatido en el ámbito legislativo en los próximos días.