La Cámara de Comercio Estados Unidos-Paraguay, con sede en Miami, Florida, solicitó al Departamento de Estado y de Comercio de Eeuu que intervenga con acciones diplomáticas en las negociaciones que ambos países sostienen en torno al método de recaudación que el Gobierno nacional ejecuta para mantener la Hidrovía Paraná-Paraguay.
El pedido fue impulsado por las firmas de logística fluvial paraguayas a las cuales se ha comenzado a cobrar 1,47 dólares por tonelada transportada, monto que, de acuerdo a las autoridades de ese país, debe ser evaluado nuevamente y en profundidad, con participación de todos los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur).
En oposición a los escasos resultados que las negociaciones entre ambos países demuestran hasta el momento, los empresarios insistieron en que el pago fue impuesto sin un entendimiento concreto entre naciones, y reiteraron que su aplicación condujo a un escenario de confusión y de confrontación en la industria naviera que podría haberse evitado.
ALCANZAR EL ACUERDO
PARA RETOMAR EL
DESARROLLO MUTUO
A pedido de las empresas paraguayas, la Cámara de Comercio Estados Unidos-Paraguay emitió un comunicado en el que calificó a la medida como «un retroceso» en materia de integración en el marco del Mercosur, recordó que Paraguay posee la tercera flota de navíos fluviales del mundo y que con ella transporta toneladas de alimentos imprescindibles para muchas naciones. También advirtió que la falta de comercio y de negociación en la región llevará «a la destrucción mutua».
En consecuencia, la Cámara de Comercio hizo un llamamiento al Departamento de Estado y al Departamento de Comercio de los Eeuu, para que evalúe el impacto de la exigencia del Gobierno nacional sobre los productos que Estados Unidos vende a Paraguay y viceversa, con el objeto de que se tomen medidas para «ayudar a encontrar una solución inmediata».
VOLVER A PROYECTAR
EN ACUERDO A LA
«MEDITERRANEIDAD»
Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (Cncsp) adoptó una decisión similar. El gremio envió una nota al Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur (Cccm) para solicitar respaldo a empresarios de la región.
Desde la Cncsp, solicitaron a las demás cámaras parte del bloque, incluso a las radicadas en Argentina, que soliciten al Gobierno nacional «la pronta suspensión de la medida».
La nota hace referencia específicamente al canon de 1,47 dólares por tonelada de registro neto para el tramo del Paraná comprendido por Santa Fe Confluencia.
El documento, firmado por el titular de la Cncsp, Ernesto Figueredo Coronel, insiste en que la medida, expresada en las Resoluciones 625 y 1.023 de 2022 del Ministerio de Transporte, restringe la navegación y es contraria al Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, entre otras disposiciones reglamentarias.
En la misma, Figueredo Coronel insiste en que Paraguay debe ser comprendida por los países vecinos en «su condición de mediterraneidad» y cita como consecuencias graves surgidas de la confusión generada en torno a la aplicación de la nueva regla a las «órdenes de embargo e interdicción contra las naves de origen paraguayo».
Los empresarios también solicitaron a sus pares del Mercosur que se conforme un grupo de trabajo anexo a las negociaciones diplomáticas en ese marco internacional para que se aborde técnicamente la situación y se encuentren y apliquen medidas «que preserven equitativamente los altos intereses de todos los países en particular, respetando todas las normativas nacionales e internacionales suscriptas y en vigencia».
El gremio recordó que el Consejo de Cámaras tuvo su origen en Asunción, en agosto de 1992, como un organismo de representación y defensa de los intereses del Mercosur, inicialmente constituido por las Cámaras de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y luego con la incorporación de Venezuela como Estado parte.
HALLAR UN CANON COMÚN
POR VÍA DIPLOMÁTICA
Otra voz en alto fue la del ex presidente Nicanor Duarte Frutos, quien calificó inválidos los argumentos argentinos expresados en torno a la aplicación de la medida, y negó que las obras de dragado que realiza el país beneficien a la circulación de las embarcaciones paraguayas.
El ex titular de Yacyretá, no obstante, resaltó que es un deber de las partes hallar un punto de acuerdo de manera diplomática, y recalcó que el cobro de las retribuciones fue aplicado sin mediar acuerdos entre los países del Comité Intergubernamental Hidrovía Paraguay-Paraná.
«Quieren cobrar peaje desde la zona de confluencia Paraná-Paraguay hasta Santa Fe, donde prácticamente no hay trabajo de dragado porque las profundidades son normales», enfatizó el ex mandatario presidencial, y remarcó: «Argentina hizo dragado Santa Fe hasta el Río de la Plata porque en ese tramo operan las mega embarcaciones de ultramar que evidentemente son transportes que nada tienen que ver con las barcazas nuestras, ese es el problema».
El ex titular de la EBY, por otra parte, consideró que el gobierno argentino no tiene «argumentos jurídicos ni prácticos», en respuesta a las declaraciones vertidas por el embajador Domingo Peppo, quien aseguró que el Gobierno nacional tiene potestad para cobrar un canon a las firmas que utilicen la vía fluvial.
El ex titular de la binacional recalcó que el canon se puede cobrar, pero sólo si se llega a un acuerdo entre todos los países, no de manera unilateral, y consideró que el Gobierno argentino debería poner «en pausa» la negociación, de manera temporal, hasta luego del 22 de octubre.
ABREN MESA PARA TRATAR
LAS DEUDAS SIN PAGAR
En paralelo, funcionarios de la EBY abrieron una mesa de trabajo en Buenos Aires para sentar los libros del organismo bajo tutela de ambos países.
El director ejecutivo paraguayo indicó, al concluir el encuentro, que las negociaciones continuarán, y mantuvo en reserva los detalles del encuentro.
Según trascendió, los funcionarios también trataron el retiro total de energía correspondiente al Paraguay por parte de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) del flujo producido por la represa de Yacyretá.
Esta decisión se vio reflejada esta semana en determinados horarios, en los que la Ande capturó hasta la totalidad del flujo señalado, superando los 1.000 MW de potencia, aunque en otros momentos siguió utilizando menos de 200 MW, como era lo habitual, según se pudo observar en los datos publicados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de electricidad (Cammesa).
.