Este viernes, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó la adjudicación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un esquema que transfiere a privados la operación y el mantenimiento de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, distribuidos en ocho tramos estratégicos y con financiamiento totalmente privado.
Con este anuncio, el Gobierno nacional completó más de 9.000 kilómetros concesionados entre las tres etapas del programa, que comenzarán a estar en obra a partir de fin de septiembre.
De los ocho corredores adjudicados, dos tienen impacto directo sobre Corrientes: el tramo Litoral, que conecta las rutas nacionales 12 y 16 entre la provincia y el Chaco, y el tramo Noreste, que incluye las rutas nacionales 12 y 105, lo que incide tanto en Corrientes como en Misiones. De esta manera, ambos resuelven un reclamo que la dirigencia correntina sostuvo durante meses ante la Casa Rosada.
CONEXIÓN CON LA MESOPOTAMIA
El tramo Litoral abarca 546,74 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16, desde Sáenz Peña (Chaco), hasta Loreto (Corrientes), atravesando Resistencia y la capital correntina. La concesión quedó en manos de la unión transitoria integrada por JCR SA y Néstor Julio Guerechet SA, que además de la construcción y el mantenimiento deberá hacerse cargo de la operación bajo un sistema de fiscalización por resultados.
Ese corredor incluye el histórico Puente General Manuel Belgrano, el nexo que une a Corrientes con el Chaco y, en consecuencia, con el resto de la Mesopotamia. Durante meses, su continuidad urbana (las avenidas 3 de Abril, Ferré e Independencia, que empalman el viaducto con la Ruta Nacional 12) quedó fuera de los pliegos licitatorios, lo que derivó en un conflicto jurisdiccional entre la Provincia, la Municipalidad y Vialidad Nacional.
El intendente Claudio Polich había reclamado en reiteradas ocasiones que la Nación se hiciera cargo de esos tramos urbanos, por los que circulan a diario miles de camiones. “Los correntinos no tienen por qué hacerse cargo del mantenimiento de esa vía cuando hay un peaje”, había planteado el titular del Ejecutivo municipal semanas atrás. El gobernador Juan Pablo Valdés, por su parte, llegó a advertir que la falta de una definición nacional podía forzar al Municipio a desviar el tránsito pesado.
El Gobierno provincial y la Municipalidad de Corrientes habían presentado, incluso, una medida cautelar ante la Justicia Federal para exigir una salida institucional al conflicto. La Cámara de Diputados de la provincia, presidida por Eduardo Tassano, había aprobado por unanimidad una resolución para pedirle a Economía que incorporara el tramo urbano al objeto de la concesión, iniciativa que además contó con el respaldo del Parlamento del Norte Grande.
GESTIONES DE VALDÉS CON LA NACIÓN
La resolución del conflicto llegó tras una negociación directa entre Valdés y funcionarios nacionales. El Gobernador confirmó -semanas atrás- un principio de entendimiento para anexar el corredor urbano a la concesión una vez adjudicado el tramo Litoral. “Una vez concesionado el tramo, se incorporará en un anexo al Corredor Belgrano”, había explicado Valdés en ese marco, en referencia a la fórmula acordada para saldar la disputa sobre a quién correspondía su mantenimiento.
Esa negociación se sumó a una agenda más amplia que Valdés mantiene con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, desde que este ocupaba el Ministerio del Interior. En sucesivos encuentros en la Casa Rosada, ambos repasaron pedidos vinculados a la Autovía de la Ruta Nacional 12, cuyas obras se reanudaron en julio tras saldarse una deuda de más de 2.400 millones de pesos, además de otras gestiones de infraestructura para la provincia. Ya al frente de Gabinete, Santilli continuó recibiendo a Valdés para avanzar en esa misma agenda conjunta.
EL SEGUNDO TRAMO: HACIA MISIONES
El tramo Noreste, por su parte, contempla 93 kilómetros de la Ruta Nacional 12 entre Ituzaingó, en Corrientes, y Posadas, en Misiones, además de la conexión con la Ruta Nacional 105. Este corredor también integra la Etapa III y quedará bajo el mismo esquema de inversión privada, en un contexto de fuerte tránsito de cargas hacia la región mesopotámica.
Con la adjudicación de ambos tramos, la provincia consigue una respuesta concreta a reclamos que se sostuvieron durante meses desde distintos frentes institucionales: el Ejecutivo provincial, la Municipalidad de Corrientes, la Legislatura y el sector privado correntino, que en más de una oportunidad expuso su preocupación por el estado de las rutas que sostienen buena parte del comercio con el Mercosur.