El 21 de julio de 2020 EL LIBERTADOR publicó en exclusiva un video que generó un escándalo mayúsculo y conmocionó a la sociedad correntina. En la filmación se veía a dos pequeños internos del hogar Domingo Savio denunciando maltratos por parte de los celadores que debían cuidarlos. A un año del hecho, los acusados no volvieron a trabajar con niños y una de las presuntas víctimas sigue en la institución bajo tratamiento.
El video, filmado desde el ventiluz de la puerta por una transeúnte que pasó ocasionalmente por el frente de la institución, se viralizó rápidamente por las redes sociales e inmediatamente provocó la reacción de las autoridades judiciales, que se constituyeron en el lugar para corroborar el estado de los chicos.
Paralelamente, el Poder Judicial quiso frenar la difusión del material fílmico mediante una polémica advertencia dirigida a la prensa, alegando la preservación de la identidad de los menores, un derecho básico que nunca fue vulnerado.
En los días subsiguientes, mientras el tema copaba la agenda mediática, se intentó instalar la hipótesis de que la denuncia fue producto de la fabulación de niños que padecían problemas de conducta y eran agresivos, algo que se chocaba contra el testimonio de la mujer que grabó las imágenes.
«Veo a un niño llorando, tratando de salirse del lugar, y veo la violencia que estaban ejerciendo contra él. Me acerco y escucho, cuando iba cruzando la calle, los golpes: el sonido que hace un puño cuando golpea contra un cuerpo. Eso se escuchó desde la calle y el grito de dolor del nene que se quejaba de que le reventaron la espalda», había dicho a este medio por aquel entonces la testigo, que prefirió resguardar su identidad.
Mientras tanto, en el Domingo Savio reinaba el hermetismo, a tal punto que se taparon los ventiluces que dan a la calle para evitar miradas «indiscretas» y las autoridades del hogar se negaban a hablar con los medios.
Con el pasar de los días y las semanas, avanzó la investigación y la toma de declaraciones a los menores y a los acusados que fueron inmediatamente separados de sus funciones, como lo indican los protocolos.
CAMBIO
DE HIPÓTESIS
La contundencia de las pruebas fue debilitando la hipótesis inicial sobre la conducta de los menores y el foco se puso en el accionar de seis trabajadores. Para esto fueron claves los videos de seguridad y las declaraciones en la cámara Gesell de los niños institucionalizados.
En ese contexto, el fiscal Correccional y de Menores N° 1, Pablo Sosa decidió recaratular la causa que empezó por «lesionales leves» y pasó a «vejaciones». Por ser un delito más grave, que contempla penas superiores a los tres años de prisión, tomó intervención el Juzgado y Fiscalía de Instrucción Nº 4, a cargo de Sonia Meza.
La última novedad referida a la causa judicial data de mediados de septiembre, cuando la fiscal Mesa confirmó la imputación de los seis celadores por el delito de «lesiones agravadas y vejaciones».
Por esos días, la funcionaria judicial dijo en declaraciones radiales que formuló la imputación «a raíz de videos y testimonios de los niños». «En razón de todo ello, entiendo que se debe formular la imputación respecto de seis personas que trabajan en el lugar. Todo es objeto de prueba, los imputados podrán defenderse y el delito es por lesiones agravadas y vejaciones (maltratos)», había explicado.
PRESENTE
Desafortunadamente, la feria judicial que rige actualmente imposibilitó conocer los avances del expediente. Pero a un año del conmocionaste suceso, el director de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, Manuel Santamaría contó a EL LIBERTADOR cuál es el presente de los seis celadores imputados y de los niños presuntamente maltratados.
«El personal fue apartado ni bien se plateó esa sospecha, el mismo día, y luego quedó en manos de la Justicia. Nosotros habíamos hecho por nuestra parte un relevamiento y entrevistas a todo el personal de la institución y todo ese paquete de información se lo hemos pasado a la Justicia, así como las imágenes de cámaras de seguridad», dijo el funcionario. Y agregó: «El personal no vuelve al hogar hasta que no se resuelva la situación. Por ahí pueden cumplir funciones en otras áreas en las que no tienen contacto directo con los niños.
Recordemos también que hasta que no haya causa juzgada son inocentes y no se los despide; también está el derecho del trabajador».
Sobre qué tipo de tareas cumplen los involucrados mientas se resuelve su situación judicial, detalló: «Pueden hacer de serenos, que es en realidad la función que se les dio. Pueden hacer de personal de limpieza en lugares donde no hay niños y cosas de ese tipo para poder dar tranquilidad a todo el mundo; aunque históricamente ellos, cuando trabajaron en hogares, no presentaron ni conductas agresivas ni nada por el estilo».
Respecto a los niños que aparecieron en el video, Santamaría dijo: «Uno de ellos sigue en el hogar. Cuenta con acompañantes terapéuticos debido a lo patología que tiene de por sí, que es muy particular, y por la cual ingresó al hogar. El otro niño ya había egresado y una vez que egresan del hogar nosotros perdemos un poco la historicidad y la línea que siguen ellos. Eso ya está en manos de la Justicia y el Copnaf (Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia)».
Al ser consultado sobre si cambió algo dentro de los hogares de la Provincia después de lo sucedido en el Domingo Savio, señaló: «Nosotros seguimos con los mismos protocolos de control, que siempre fueron buenos. Hemos implementado acciones preventivas de capacitación, por ejemplo. Pero básicamente la modalidad y metodología de trabajo es buena. Lo que pasa es que los casos como este son muy particulares, tienen cosas especiales y la Justicia siempre los estuvo tratando».
