Esta semana se conoció un caso de Caá Catí que conmocionó a toda la provincia y que tiene que ver con el maltrato infantil: el Director de la Escuela Nº 54 de la localidad del Interior, denunció que un alumno de 8 años era víctima de violencia doméstica.
De acuerdo a las declaraciones el docente, Walter Eustaquio Sandoval, explicó que el niño tiene retraso cognitivo y dificultades de aprendizaje, y un pedido de un familiar para cambiarlo de turno lo llevó a indagar y allí descubre que el pequeño era golpeado por lo que llevó el caso a la Justicia. Tras episodios de vómitos que el chico empieza a tener en la escuela, la Vicedirectora lo lleve al hospital local y de allí luego lo derivan al hospital Pediátrico Juan Pablo II, en la Capital correntina.
Sobre el estado de salud del nene internado se pudo saber que «él está en principio estable, pero estaba con problemas intestinales, que puede ser producto de los mismos golpes. Me comuniqué con la tía y lo que me manifestó es que al día de ayer que el niño no ‘iba de cuerpo'».
Este es un caso testigo donde se reflota la importancia de la aplicación de la Ley Lucio, promulgada el 3 mayo de 2023 y a la que Corrientes adhirió el 20 de septiembre de 2023.
La norma dispone el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que «estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes», según reza el artículo 2.
Además, se aclara en el texto que podrán también ser destinatarios del plan agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación de la ley.
TESTIMONIO
El director de la Escuela Nº 54 de Caá Catí, Walter Eustaquio Sandoval relató la situación que le tocó advertir y se refirió a su compromiso social: «Tal vez que fue mucha sorpresa la mía, con tantos años de docente nunca vi algo así, de esa manera, los golpes que tenía ese chico».
«En mi carácter de funcionario público estoy obligado y tengo la responsabilidad de denunciar el hecho sin ir más allá, ya que la Justicia es la que debe investigar la denuncia», remarcó.
«Hasta que no tuve yo el certificado médico expedido por el profesional médico no continué, lo mantuve en absoluta reserva. Solamente yo sabía lo que estaba pasando para que, eso fue el día 2, el día 3 no dudé y procedí a hacer la denuncia».
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