En la Cámara de Diputados se tratan diversos proyectos de ley con el objeto de brindar más herramientas para minimizar las situaciones de acoso escolar y riesgo en salud mental. Se comenzará a evaluar una iniciativa para crear un programa provincial de intervención psicosocial escolar, mediante la que se busca establecer equipos interdisciplinarios permanentes para detectar estos casos. Además, en las comisiones permanentes se tratan, paralelamente, otros dos expedientes relacionados con la problemática.
05-POLITICALa Cámara de Diputados de la Provincia se convirtió en el escenario de un debate central para el futuro de la convivencia en las aulas. En la sesión de este miércoles, ingresó un proyecto de ley impulsado por Eduardo Hardoy y Jessica Romero, del bloque del Partido Liberal (PL), quienes buscan crear un programa provincial de intervención psicosocial escolar, una herramienta que no solamente pretende abordar el hostigamiento sistemático, sino también los cuadros de sufrimiento psíquico que afectan a niños y adolescentes en el territorio provincial.
La iniciativa se suma a un plexo de propuestas que ya cuentan con estado parlamentario y que reflejan una preocupación transversal en el arco político correntino. Mientras el proyecto propiciado por el PL pone el foco en la creación de equipos técnicos profesionales, en las comisiones permanentes de la Cámara baja se analizan, paralelamente, sendos expedientes impulsados por las diputadas Ana María Marlene Marlén Gauna (PJ) y Valeria Pavón (UCR), quienes proponen enfoques complementarios que van desde la reforma del Código de Faltas hasta la creación de sistemas de prevención de violencias extremas.
Por un lado, la propuesta impulsada por Marlén Gauna, consistente en la incorporación del acoso escolar y la responsabilidad parental al Código de Faltas de la Provincia de Corrientes (Expediente Nº 19.819), se encuentra en dos comisiones: Asuntos Constitucionales y Legislación General; y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
A su vez, el proyecto de ley de creación de un sistema provincial de prevención de violencias extremas en ámbitos educativos y entornos digitales (Expediente Nº 19.906), autoría de Valeria Pavón, está en las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y de Niñez, Adolescencia y Familia.
Capacidad de respuesta
Respecto de la normativa gestada por Hardoy y Romero, el proyecto aclara que no busca superponerse a las leyes Nº 5.660 y Nº 6.212, sino fortalecerlas mediante una estructura técnica obligatoria. Subrayaron que el objetivo es incorporar una herramienta operativa que permita volver efectiva la prevención. «Se trata de pasar de un esquema predominantemente declarativo a un esquema con capacidad real de respuesta», detallaron.
La complejidad del fenómeno requiere, según el texto, un abordaje que exceda lo administrativo. Por ello, se propone la conformación de equipos integrados por profesionales de la psicología, psicopedagogía y orientación escolar. Lo que se pretende es que estos equipos aporten la intervención técnica especializada que la problemática exige, ya que el bullying expresa dinámicas «familiares y sociales que exceden el abordaje exclusivamente pedagógico», arguyeron.
Uno de los puntos clave es el diseño territorial, que prevé equipos institucionales en escuelas con gran matrícula y equipos regionales para zonas rurales o de menor escala demográfica. Esta flexibilidad busca garantizar la obligatoriedad del programa en toda la provincia, sin sacrificar su viabilidad técnica.
La iniciativa establece la capacitación periódica para docentes y directivos. La intención es que el personal cuente con herramientas para advertir indicadores de sufrimiento psíquico y activar protocolos sin revictimizar a los estudiantes. El proyecto también incorpora el ciberbullying como una manifestación que extiende el hostigamiento más allá del aula, multiplicando sus efectos en la vida de los menores.
Responsabilidad parental y multas
Previamente, había ingresado un proyecto de ley impulsado por la diputada Marlén Gauna (PJ), que apunta a modificar el Código de Faltas de la Provincia e incorporar sanciones por la omisión del deber de vigilancia de los padres ante casos de bullying.
La legisladora busca que la responsabilidad parental sea un eje central en la educación emocional de los menores y, para ello, propuso sanciones de trabajo comunitario de hasta 50 días y multas.
«Cuando un menor causa un daño reiterado a otro, es un indicador de que el deber de cuidado y supervisión no se está cumpliendo adecuadamente», expuso Gauna en los fundamentos de la normativa.
Prevención en entornos digitales
Días atrás, la diputada Valeria Pavón (UCR) había propuesto la creación de un sistema provincial de prevención de violencias extremas en ámbitos educativos y entornos digitales. El proyecto apunta a detectar señales previas como aislamiento o amenazas en redes sociales para evitar episodios de violencia grave.
La legisladora destacó la necesidad de construir alianzas entre la escuela y la familia. «Detrás de cada situación de riesgo hay un adolescente que necesita ser escuchado, contenido y acompañado», remarcó Pavón, quien propuso mecanismos de alerta anónima para que los propios estudiantes puedan advertir situaciones críticas.