La Justicia Federal inició una investigación por presuntas irregularidades en el pago del programa Potenciar Trabajo. El Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la albertista, Tolosa Paz avanza con una auditoría iniciada por su antecesor, «Juanchi» Zabaleta, para determinar el correcto otorgamiento de subsidios que representan poco más de $42 mil mensuales por persona y más de $44 mil millones anuales para las arcas del Gobierno central. Una estocada contra el sector de Pérsico, a quien señalan como uno de los responsables de la distribución del subsidio. Justamente, el Secretario de Economía Social es también líder del Movimiento Evita, una de las organizaciones que viene marchando en todo el país contra las medidas de la gestión de Alberto Fernández. Un tenue pase de facturas en una interna cada vez más recalcitrante del oficialismo de cara a octubre. En todo este entuerto, Corrientes tuvo sus «adjudicatarios invisibles». Fueron apenas 75, en Capital, Mercedes, Esquina, Santa Lucía y San Isidro.
La Justicia Federal investiga presuntas irregularidades en el programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, detectando hasta el momento que 87.555 personas no validaron su identidad, por lo que fueron dadas de baja.
El proceso de validación de datos fue dispuesto por la Resolución 2022-2035-APN-MDS a los pocos días de haber reemplazado a Juan Zabaleta. El intendente de Hurlingham había organizado una auditoría presencial en las unidades de gestión.
Acorde a la información oficial, los planes estaban bajo la dependencia de gobernaciones, ministerios, municipalidades, cooperativas, mutuales y federaciones de movimientos sociales.
Sin embargo, fuentes allegadas consultadas por EL LIBERTADOR dejaron en claro que son las organizaciones sociales las que tienen la potestad del manejo de este tipo de programas. Y en concreto, el Potenciar Trabajo, está a cargo de Emilio Pérsico, que es nada menos que el secretario de Economía Social de la Nación y líder del Movimiento Evita.
Aquí se desprende la variable política de este entuerto, puesto que esta organización es una de las que se encuentra manifestándose en contra de la gestión de Alberto Fernández (desde el año pasado viene amagando con irse del Frente de Todos). Y no es una casualidad, que esta revelación de «beneficiarios fantasmas» se diera mediante un relevamiento impulsado por, quizás, la más albertista de los funcionarios nacionales, Victoria Tolosa Paz.
También, las fuentes consultadas por este medio remarcaron en «no pasar por alto la incidencia que también tiene todo el espectro que rodea Grabois», otro de los críticos de la gestión actual.
Por lo tanto, más allá de lo necesario que se torna este tipo de investigaciones sobre el manejo de fondos públicos, donde además se expone la eterna espiral de la problemática socioeconómica que genera la dependencia de los planes de parte de una franja mayoritaria de la población argentina, también revela las tensiones políticas actuales dentro de la administración Fernández.
El Presidente, pareciera haber ensayado una especie de suave «coscorrón» hacia sus detractores internos, sin hacer que la sangre llegue al río, apenas impulsando un tirón de orejas que no se traduzca en un estallido social. Pero, de todas formas, los números arrojados por las irregularidades del Potenciar Trabajo son impresionantes respecto a la cantidad de dinero que representarían estos «beneficiarios fantasmas».
El monto que percibe cada ciudadano que accede al programa debe realizar 20 horas de tareas semanales en las unidades de gestión a un valor actualizado mensual de 42.256 pesos.
Tras los desfases notados, el supuesto fraude alcanzaría una cifra cercana a los 3.699.724.080 pesos por mes, lo cual hubiera ascendido a un monto anual de 44.396.688.960 pesos si se hubieran pagado durante todo este 2023.
La investigación en curso está a cargo del juez Federal, Ariel Lijo y del fiscal Carlos Rívolo, que posaron su lupa -por el momento- en la concesión de 87.555 planes.
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