Las empresas de colectivos que operan en el interior de Argentina, representadas por la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap), emitieron una advertencia sobre la potencial interrupción de sus servicios. Esta medida podría afectar a aproximadamente 10 millones de personas en distintas regiones del país, incluyendo a Corrientes.
Según Fatap, la situación actual se debe a la imposibilidad de cubrir los costos operativos, lo que podría llevar a una suspensión indefinida de las actividades de transporte. La federación argumenta que esta crisis se origina en lo que describen como una “deformación del sistema” debido a decisiones políticas que, según ellos, carecen de fundamentos técnicos y jurídicos adecuados, en contraposición a los contratos de concesión establecidos.
“Desde hace años se ha deformado el sistema con decisiones políticas sin bases técnicas ni sustento jurídico acorde a los contratos de concesión”, señalan desde Fatap, destacando una preocupación profunda por la manera en que se han manejado las políticas relacionadas con el transporte público.
La entidad que agrupa a las empresas de colectivos del interior reclama un “sinceramiento de las tarifas”, como ocurre en la ciudad de Corrientes, donde indicaron que el boleto debería costar 800 pesos. Sugieren que el Estado debería asumir la responsabilidad de asistir a aquellos usuarios que no puedan afrontar los costos de los pasajes, proponiendo un modelo de subsidio directo a la demanda. De esta manera, argumentan, se permitiría que la oferta opere bajo condiciones normales de mercado.
“La participación del Estado es necesaria para recrear las condiciones económico-financieras y de mercado imprescindibles para terminar con la descapitalización y una inferior calidad de servicios para los usuarios”, explican desde la Federación. “En todo caso, el Estado será quien asista, compense o subsidie en forma directa a quienes no puedan costear el pasaje. Es decir, se debe subsidiar a la demanda, dejando que la oferta trabaje con normalidad”, agregan, enfatizando la necesidad de una intervención estatal para estabilizar la situación.
Fatap señala que las actuales compensaciones tarifarias y asistencias mediante atributos sociales no reflejan adecuadamente la realidad económica de las empresas, resultando en ingresos insuficientes. Esta situación, según la federación, ha llevado a dificultades en el cumplimiento de obligaciones como el pago de salarios, aguinaldos, costos laborales, adquisición de combustibles y repuestos, así como el manejo de los costos de servicios públicos.
“Las compensaciones tarifarias y las asistencias mediante atributos sociales simulan la realidad de ingresos insuficientes a causa de contratos incumplidos, recayendo sobre las empresas los riesgos, los costos y las responsabilidades legales, sin que el Estado asuma las suyas, distorsionando los valores de los ingresos (tarifas) que resultan necesarios para el cumplimiento de los compromisos propios de la actividad”, señalan desde Fatap, destacando la complejidad de la situación financiera que enfrentan.
La Federación expresa que los incrementos en los precios de insumos esenciales, como los combustibles y los repuestos (estos últimos cotizados en dólares), junto con los ajustes mensuales de los servicios públicos, superan las actualizaciones de los aportes estatales y las tarifas, poniendo en riesgo la viabilidad de sus operaciones.
“Así, con este esquema de ficción, las empresas no pueden cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios, aguinaldos y demás costos laborales, así como tampoco pueden atender la compra de combustibles a causa de los sucesivos incrementos en sus precios”, explican desde Fatap “Es además imposible adquirir repuestos a valores expresados y cobrados en dólares billete; tampoco se puede asumir el costo de los servicios públicos, ajustados mensualmente en porcentajes mayores a los que se aplican para actualizar los aportes del Estado Nacional y las tarifas”, añaden, ilustrando las múltiples dificultades financieras que enfrentan.
Esta situación plantea un desafío significativo tanto para las empresas de transporte como para los usuarios que dependen de estos servicios en el interior del país. Hasta el momento, no se ha anunciado una solución concreta a esta problemática, manteniendo un clima de incertidumbre sobre el futuro del transporte público en estas regiones.