En el marco del conflicto salarial que derivó en un paro de colectivos que afecta a Corrientes y a casi todo el Interior del país, las empresas concesionarias del servicio advirtieron sobre una posible “paralización definitiva del servicio” y una consecuente “pérdida de empleos”.
Como estaba previsto, desde el primer minuto de este martes se ejecuta la medida de fuerza dispuesta por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que, de no haber cambios, finalizará a la medianoche.
En este contexto, este miércoles se realizará una nueva reunión entre el gremio, los empresarios y representantes del Gobierno nacional, para intentar destrabar la negociación salarial que se encuentra estancada, ya que las ofertas presentadas no cumplen las expectativas de los choferes de colectivos urbanos e interurbanos del Interior nacional.
Sobre esta situación, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) informó, a través de un comunicado “que la negociación paritaria en curso se encuentra severamente condicionada por la insuficiencia de recursos que permitan a esta representación empresaria asumir compromisos salariales sustentables en el tiempo”.
“En efecto, tal como lo venimos expresando reiteradamente en nuestras anteriores comunicaciones públicas, en cada reunión mantenida con funcionarios competentes en la materia, con la representación sindical de nuestros trabajadores y en las audiencias paritarias celebradas en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, así como ante la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la Nación, cada gobierno provincial y cada uno de los poderes concedentes, el transporte automotor de pasajeros urbano y suburbano del interior del país vive una larga crisis que, en caso de que no se adopten medidas urgentes, causará su paralización definitiva, con la consecuente pérdida de empleos y capital nacional,además de afectar la vida de millones de ciudadanos”, plantearon desde la Fatap.
Respecto al fracaso de las negociaciones, el texto indica que es “uno de los síntomas que revelan aquella crisis, la que también puede verificarse en el estado de las unidades, la falta de renovación del parque móvil, la paralización de toda inversión en infraestructura y las permanentes dificultades que las empresas prestadoras experimentan para cumplir con sus obligaciones fiscales y financieras”.
“Las empresas del interior del país, más de 400, han subsistido en desmedro de su capital, esmerilándolo al sólo efecto de garantizar la continuidad de los servicios y las fuentes de trabajo, lo que las colocó en una situación que debe ser revertida de modo inmediato, so pena de generar la quiebra de todo el sistema”, indicaron las compañías.
Sobre la situación presupuestaria actual, que derivó en el conflicto, expusieron que “con un presupuesto total asignado para el año 2023 de 85.000 millones de pesos, el cumplimiento de la pauta salarial solicitada por la entidad sindical representaría para el sistema un costo adicional de 79.359.871.856,56 millones de pesos, cuya disponibilidad no ha sido en modo alguno garantizada hasta la fecha”. “Cabe destacar que permanecen aún sin norma que los distribuya, 10.500 millones de pesos adicionales comprometidos por el Estado Nacional en el marco de la negociación paritaria del mes de febrero del corriente, y que adeuda al día de hoy 13.500 millones de pesos provenientes del Fondo Compensador al Transporte”, agregaron.
También, las compañías apuntaron contra “los poderes concedentes locales”, por “incumplir los contratos de concesión fijando tarifas sobre criterios meramente políticos, sin respetar las normas técnicas en ellos dispuestas, lo que genera un precio del servicio completamente desactualizado que no remunera siquiera mínimamente la prestación, en tiempos de inflación descontrolada y costos de financiamiento exorbitantes”.