La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó para este jueves un paro general que afecta a los sistemas de transporte urbanos del interior del país.
Desde la UTA Corrientes confirmaron a EL LIBERTADOR la adhesión a esta medida que se tomó luego de que no hubiese acuerdo en una nueva audiencia paritaria entre ese gremio que representa a choferes y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), la cámara empresaria que representa a las prestatarias del interior del país.
El sindicato busca replicar el acuerdo que se alcanzó con las prestatarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y que se cerró el pasado viernes. Allí se suscribió un incremento que deja al salario básico conformado de un trabajador en $ 597 mil desde enero, y en $ 737 mil desde febrero.
A eso se suma el viático de $ 3.415 por día trabajado en enero, lo que acumula casi 82 mil pesos. Y en febrero, al cifra asciende a $ 4.215, unos 101 mil pesos en todo el mes.
Por otra parte, se acordó un pago por única vez de $ 390 mil, de los cuales $ 140 mil se cobran en febrero y $ 250 mil en marzo.
El conformado será en febrero de $ 987 mil, que servirá como base de cálculo para volver a discutir salarios después del 15 de marzo, tras la publicación de la inflación por parte del Indec.
En la audiencia, Fatap aseguró que no es posible formular propuesta de ninguna especie relativa “a la pretensión de recomposición salarial”. Y advirtió que el “transporte del Interior ha sido excluido como actividad económica que merezca la atención del Gobierno Nacional, lo que resulta grave e inexplicable, dado que el sector no contará con los aportes del Fondo Compensador, ni siquiera en los importes establecidos para el año 2023″.
Fatap afirmó que la Nación adeuda al sector la suma de $20.500 millones correspondientes al Fondo Compensador 2023.
A su turno, los representantes de UTA exigieron que se cumpla la misma propuesta conseguida en Amba. Y advirtió: “No vamos a observar inmóviles ante la imposición de la precarización de las condiciones laborales que pretenden imponernos, ni la reducción de las fuentes de trabajo, ni mucho menos permitir que se nos imponga la reducción de los sueldos que se ven licuados día a día por la demora en acordar, en una economía altamente inflacionaria como la que atravesamos”.