La región de la Triple Frontera volvió a quedar afectada por una problemática ambiental que se repite durante la temporada de zafra. Ayer, vecinos de Monte Caseros registraron nuevamente la caída de cenizas provenientes de la quema de caña de azúcar en Bella Unión, Uruguay.
El material, trasladado por el viento, alcanzó distintos sectores de la ciudad correntina y generó preocupación entre vecinos y ambientalistas. Los reclamos por esta situación llevan décadas y apuntan a la necesidad de avanzar hacia métodos de cosecha que reduzcan el impacto sobre el ambiente.
UNA PRÁCTICA
HISTÓRICA
La producción de caña de azúcar en Bella Unión comenzó a desarrollarse de manera organizada hace más de 80 años y continúa siendo una actividad importante para la zona. La quema previa a la cosecha es una práctica histórica utilizada para facilitar las tareas, aunque genera humo y cenizas que pueden trasladarse hacia localidades cercanas.
Aunque en los últimos años se incorporaron sistemas mecanizados y se avanzó parcialmente hacia la cosecha en verde, las quemas continúan formando parte de la actividad en algunas áreas.
El sistema sucroalcoholero tiene como principal actor industrial a Alcoholes del Uruguay (Alur), empresa vinculada a Ancap, que procesa la caña y produce azúcar y bioetanol. Las plantaciones pertenecen a distintos productores que abastecen al complejo.
RECLAMOS MÁS
ALLÁ DE LAS
FRONTERAS
A la presencia de cenizas se suman los reclamos por los olores atribuidos al complejo industrial de Alur. Entre los aspectos señalados aparece el tratamiento de las vinazas, un subproducto líquido generado durante la producción de bioetanol.
Vecinos y organizaciones de Monte Caseros plantearon durante años sus inquietudes por estos episodios y reclamaron controles y respuestas de las autoridades uruguayas.
La problemática adquiere una dimensión regional porque sus efectos atraviesan las fronteras nacionales. Monte Caseros, Bella Unión y Barra do Quaraí conforman una zona con estrechos vínculos sociales, económicos y ambientales.
En ese contexto, el desafío es encontrar mecanismos de coordinación entre Argentina y Uruguay que permitan sostener la actividad productiva y, al mismo tiempo, reducir sus impactos sobre el ambiente y las poblaciones de la región.