Las delegaciones legislativas del NEA y el NOA vuelven a verse las caras en un contexto nacional donde las provincias buscan blindar sus intereses regionales frente al centralismo porteño. Este jueves 25 y viernes 26, la provincia de Santiago del Estero se convertirá en el epicentro del debate federal al albergar la 58ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande.
El encuentro, presidido por el vicegobernador santiagueño Carlos Silva Neder, reunirá a más de 130 legisladores de diez provincias (Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca).
En ese tablero de negociación, la provincia de Corrientes desembarca con un temario de alto impacto político y técnico, unificado por un bloque que integran el presidente de la Cámara de Diputados local, Eduardo Tassano, junto a los legisladores Eduardo Hardoy, Norberto Ast, Andrea María Giotta, Valeria Pavón, Hugo Vallejos, Ana Almirón, Sara Aparicio y César Lezcano, acompañados por sus pares del Senado provincial.
TARIFAS DIFERENCIADAS
El primer gran eje de la comitiva correntina apunta directo al bolsillo de los usuarios residenciales y comerciales de la región. El bloque presentará un proyecto que exige a la Secretaría de Energía de la Nación, al Congreso y al Consejo Federal de la Energía Eléctrica la implementación urgente de tarifas diferenciadas, compensaciones y beneficios focalizados para el Norte Grande.
El argumento técnico que sostendrán los parlamentarios combina la justicia social con la geografía:
- Realidad climática extrema: la región padece temperaturas elevadas durante gran parte del año, lo que convierte a la refrigeración en una necesidad básica de salud y dignidad, no en un consumo suntuario.
- Equidad territorial: exigen el cumplimiento efectivo de la constitucional «cláusula del progreso», bajo criterios de solidaridad en la distribución federal de los recursos para achicar las brechas socioeconómicas con el centro del país.
CORREDOR BELGRANO
Otro punto crítico que los correntinos pondrán sobre la mesa es la llamativa exclusión de las avenidas Independencia, 3 de Abril y Pedro Ferré de la nueva licitación pública nacional para el Tramo Litoral del Corredor Belgrano.
Se trata de un trayecto urbano de unos seis kilómetros que enlaza el Puente Interprovincial «General Manuel Belgrano» con la Ruta Nacional Nº 12. Hoy por hoy, ese asfalto soporta el desgaste diario de la totalidad del tránsito local, interprovincial e internacional de cargas, pero su mantenimiento corre por cuenta exclusiva del municipio y la provincia.
La demanda de Corrientes es tajante:
- Revertir la exclusión e incorporar formalmente esas avenidas al pliego de la Licitación Pública para que el futuro concesionario privado se haga cargo de su conservación.
- En caso de que modificar el pliego ya no sea viable, exigen un mecanismo de compensación vial urbano (ya sea vía convenio o fideicomiso financiado con un porcentaje del canon de la concesión) que repare económicamente a la Provincia y al Municipio por los costos que hoy asumen sin contraprestación alguna.
UNA FRONTERA ABIERTA
El capítulo más denso en términos geopolíticos e institucionales tiene que ver con la situación de la Isla Apipé. Los legisladores correntinos reclamarán que el Gobierno nacional revise de manera urgente la jurisdicción de las aguas que rodean a la isla, un foco crónico de incidentes y tensiones con las fuerzas de seguridad de la República del Paraguay.
El nudo del conflicto: aunque el Tratado de Límites de 1876 reconoció explícitamente que la Isla Apipé pertenece a la Argentina y que la frontera seguía el «canal principal» del río Paraná, Corrientes sostiene que la demarcación posterior a la construcción de la represa de Yacyretá alteró las reglas del juego. De facto, se sustituyó el concepto de «canal principal» por el de «canal de navegación», dejando a la isla argentina rodeada de aguas paraguayas.
Para destrabar este conflicto que afecta la integridad territorial, los parlamentarios de Corrientes propondrán aplicar el «modelo de los Hielos Continentales». Se trata del antecedente histórico utilizado por la Argentina para resolver el diferendo limítrofe con Chile en la Patagonia, el cual concluyó formalmente con la sanción de la Ley Nacional Nº 25.110. La estrategia busca que el Congreso de la Nación intervenga de manera directa para garantizar el control político, técnico e institucional de una materia que hace a la soberanía nacional.