El fiscal de Estado, Horacio Ortega adelantó que el Gobierno de la Provincia planea apelar el rechazo de la Justicia Federal, con sede en Goya, a la querella de la provincia en la causa Loan Peña.
En declaraciones a distintos medios, el Fiscal consideró que la provincia debe ejercer sus derechos en la investigación de la desaparición del menor, basándose en convenciones internacionales que obligan a los estados a actuar en estos casos.
El titular del órgano acusador, además, destacó que, en el mismo acto, la jueza Cristina Pozzer Penzo, en ejercicio de su competencia, aceptara las pruebas presentadas por la provincia, incluyendo informes de fiscales anteriores y otros elementos relevantes.
Taxativamente, el Fiscal enfatizó el deber de apelar la decisión, ya que, a pesar del rechazo, se ha reconocido la validez de las pruebas aportadas por la provincia.
En paralelo, explicó que la crítica a la Fiscalía y al Gobierno expresada por sectores de oposición al Gobierno por el tiempo de respuesta en la querella se debe a restricciones iniciales impuestas por la propia Jueza que limitaban la intervención de la provincia, y subrayó que, una vez superadas, se solicitó la intervención como querellante y el procesamiento de los detenidos con base en el material probatorio.
TRÁMITE EN PROCESO
Ortega confirmó que la apelación está en proceso, y que su despacho tiene hasta este viernes para presentarla.
El Fiscal enfatizó que, a pesar de la obligación legal de apelar cualquier resolución desfavorable, hay fundamentos sólidos para que la Cámara permita la actuación del Estado provincial como querellante.
El titular del órgano acusador remarcó que el dictamen de la Jueza mencionó la necesidad de que la Fiscalía aporte medidas probatorias, y explicó que el objetivo es colaborar en el esclarecimiento del caso remarcando que la provincia está dispuesta a aportar toda la información y pruebas necesarias.
El Fiscal sostuvo que la apelación busca consolidar el rol del Estado como querellante, diferenciándose de la mera aportación de pruebas, argumentando que, aunque la Jueza aceptó pruebas, la intervención como querellante permite al Estado colaborar de manera más activa en la investigación.
Ortega insistió en que la imposibilidad de intervención en las primeras etapas se debió a restricciones judiciales, y en que una vez levantadas, se solicitó formalmente la querella para proteger los derechos del menor y cumplir con las convenciones internacionales.
ADMISIBILIDAD
BAJO COMPETENCIA
DEL PODER JUDICIAL
El Fiscal de Estado, por otra parte, remarcó que, aunque el Estado de Corrientes haya decidido intervenir en el caso, el criterio de admisibilidad de la intervención queda a cargo del Poder Judicial.
No obstante, remarcó que, a pesar de la decisión de la Jueza, el Estado tiene un interés legítimo y el derecho de participar en la causa para garantizar el cumplimiento de los derechos del menor.
Ortega recordó que la Jueza determinó que los derechos del menor estaban garantizados por órganos judiciales competentes, decisión ante la cual la Fiscalía discrepa considerando que hay suficientes fundamentos para apelar y asegurar la participación del Estado en la causa.