En una jornada en la que la Confederación General del Trabajo (CGT) intentó marcar la agenda con la movilización al Congreso, la nota la terminó dando el Ejecutivo nacional que, conforme se iba desconcentrando la protesta opositora, envió el proyecto de reforma del Estado a la Cámara baja nacional.
Fue el ministro del Interior, Guillermo Francos el encargado de llevar al Parlamento la iniciativa presentada en un compendio denominado: Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. El responsable de recibir la propuesta presidencial fue el titular de Diputados, Martín Menem.
No fue un hecho menor lo sucedido este miércoles 27. Fue una muestra clara de que Javier Milei está decidido a instalar su impronta de gestión más allá de las presiones latentes desde las organizaciones sociales, gremiales y los sectores de la política tradicional.
Es más, la «ley ómnibus» es un fiel reflejo de su postura como Presidente, puesto que idea la modificación de temas que ya forman parte de la cotidianeidad ciudadana e institucional (ver aparte). Ni qué decir de la política o gremial. Así, hasta lo reconocieron los propios referentes de la CGT, como Héctor Daer, que «advirtió» que si no se le pone un freno a la avanzada presidencial «va a cambiar drásticamente la administración estatal y cambiará nuestro país para siempre».
De esta manera, la actitud inquebrantable del Jefe de Estado ya genera preocupación en quienes buscaron en estos 18 días de gestión exponerlo a alguna actitud de debilitamiento. Todo lo contrario, con el proyecto que hace mención al célebre texto de Juan Bautista Alberdi, redobló la apuesta.
Lo que quedará por ver será cómo actuarán los diferentes bloques de Diputados. Un recinto variopinto, pero no por ello menos conflictivo. Mientras en el Senado, Villarruel mantiene la lupa sobre sus circunstanciales aliados, en el núcleo que logró conformar en base al ímpetu anti kirchnerista asumido por el radicalismo, el PRO y la gente de Schiaretti.
Superpoderes, privatizaciones, elecciones, protestas y jubilaciones
El texto, que contiene 664 artículos a lo largo de 351 páginas, será tratado durante las sesiones extraordinarias que comenzaron ayer y se extenderán hasta el 31 de enero. Por el momento, fue girado a las comisiones de Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores, espacios que serán conformados antes de que termine la semana.
A partir de los primeros días de 2024 irán al Congreso los principales ministros y funcionarios para «explicar la importancia de avanzar con estas reformas».
Menem no se mostró preocupado por los tiempos (sólo hay un mes de sesiones extraordinarias) y reafirmó que la voluntad del oficialismo es votar el proyecto lo más rápido que se pueda.
Entre los puntos que se pueden resaltar figuran:
-El Poder Ejecutivo busca que el Congreso declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto permitirá que el Gobierno asuma «facultades legislativas» en esas materias.
-Promueve la privatización de las empresas públicas «con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión».
-La reforma política incluirá la eliminación de las Paso, el establecimiento de un nuevo sistema de elección de diputados en base a circunscripciones uninominales y modificando las listas cerradas.
-Busca eliminar la fórmula vigente para la actualización de las jubilaciones y pensiones, asumiendo la potestad de «realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos». No se detalla cada cuánto serán los aumentos ni qué indicadores se tomarán como referencia.
-Propone que quienes impidan o entorpezcan el funcionamiento de los transportes (por tierra, agua o aire) sean reprimidos con 1 a 3 años y seis meses de prisión. Las penas aumentan si se utilizan armas y para los organizadores de las manifestaciones (prisión de 3 a 6 años). Además, los organizadores serán «solidariamente responsables por los daños» que tuvieran lugar durante las marchas.
-El Ministerio de Seguridad podrá «oponerse a la realización de la reunión o manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional» o proponer cambios.
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