En un acto que marca un precedente fundamental para la justicia local y la administración pública, la Municipalidad de Curuzú Cuatiá tomó posesión definitiva de un importante complejo edilicio y otros bienes que fueron recuperados tras una sentencia judicial por enriquecimiento ilegal de un ex funcionario público, valuados en más de 400 mil dólares.
El encuentro tuvo lugar en el inmueble ubicado en la calle Berón de Astrada 1151, donde previo a una recorrida, el Juez Martín Vega junto al Fiscal Oscar Cañete, hicieron entrega formal a la intendenta Verónica Espíndola de la copia certificada de la sentencia judicial número 79 del año 2025, fechada el pasado 7 de noviembre. Este fallo ordena el decomiso y la transferencia definitiva a la órbita municipal de un patrimonio que, según el magistrado, fue producto de maniobras que defraudaron el voto popular y perjudicaron directamente a la administración pública en beneficio de patrimonios personales.
DETALLE DE
LOS BIENES
RESTITUIDOS
La infraestructura recuperada no es menor y representa un activo de gran valor para la comunidad. Según se detalló durante la entrega de posesión, el patrimonio incluye: «un edificio compuesto por 15 departamentos semiterminados; dos locales comerciales integrados en la misma propiedad de la calle Berón de Astrada; un vehículo automotor», cuya transferencia de dominio también forma parte de la resolución judicial.
El Juez Vega fue enfático al señalar que estos bienes «vuelven a la comunidad» tras haber sido obtenidos mediante un enriquecimiento sin causa, subrayando que a partir de ahora los ciudadanos de Curuzú Cuatiá podrán disfrutar de recursos que «siempre les pertenecieron».
EL FUTURO DE
LA PROPIEDAD:
UN DESTINO SOCIAL
Por su parte, funcionarios de la Municipalidad que acompañaron a la Intendente en la recorrida por el inmueble recuperado confirmaron que el equipo legal de la Comuna iniciará de inmediato los trámites de escrituración del inmueble y el traspaso formal del vehículo. Aunque aún no se han precisado las funciones específicas que cumplirán las unidades habitacionales y los locales, la mandataria aseguró que se les dará un «destino social».
«Esto vuelve a ser de todos los curuzucuateños», remarcó la intendenta Espíndola, quien adelantó que próximamente se anunciará el plan de uso para estas instalaciones.
La restitución de estos bienes, bajo la figura del decomiso por delitos contra la administración, se percibe en los pasillos de la Comuna como una victoria legal y ética, devolviendo al erario público lo que fue sustraído mediante el ejercicio desleal de la función pública.
«Defender lo que es de todos no es un discurso, es una obligación», destaca uina reciente publicación de la Municipalidad en sus redes sociales.