El expresidente Alberto Fernández fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la denominada «Causa Seguros».
La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, quien semanas atrás había tomado nuevamente declaración al exmandatario. La resolución judicial incluye un embargo sobre los bienes de Fernández por un monto de 14.634.220.283,68 pesos.
La imputación central se relaciona con un esquema de pagos de comisiones millonarias a intermediarios privados en la contratación de pólizas de seguros por parte de numerosas dependencias del Estado. La investigación sostiene que estos brokers de seguros habrían operado «con la connivencia de Alberto Fernández» en la contratación de seguros de diversos entes estatales, especialmente a través de la intermediación entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros, así como en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de esta última.
Este expediente, que inicialmente fue instruido por el juez Julián Ercolini, describe lo que la justicia ha calificado como una «estructura criminal» con el objetivo de desviar fondos públicos hacia el ámbito privado. Entre las piezas clave que componen esta trama se encuentran un decreto cuestionado firmado por Fernández, 45 contratos específicos, la participación de 25 intermediarios de seguros, el pago de comisiones millonarias, y la intervención de una cooperativa que operó como financiera, sugiriendo un posible direccionamiento de los contratos.
Además del expresidente, el juez Casanello también procesó al broker Héctor Martínez Sosa, a quien se describe como amigo de Fernández, y a su esposa y exsecretaria, María Cantero. A ambos se les imputan los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipes necesarios, y también el incumplimiento de los deberes de funcionario público, aplicándoseles el mismo monto de embargo que al exmandatario.
La investigación abarca un período comprendido aproximadamente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023. En el marco de esta causa, un total de 40 personas fueron indagadas por su presunta intervención coordinada y funcional en este esquema de recaudación y distribución de fondos públicos a través del direccionamiento irregular en la contratación e intermediación de seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros.