La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves dejar firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en agosto de 2025. El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo al concluir que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, e intimó al Estado a realizar el depósito procesal correspondiente.
La decisión implica que el Gobierno deberá pagar las actualizaciones salariales del personal docente y no docente, convocar a paritarias e incrementar el presupuesto destinado a becas estudiantiles, en cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795. Sin embargo, el fallo tiene alcance acotado: quedaron fuera de esta etapa la recomposición de las partidas presupuestarias generales de 2024 y 2025.
Un conflicto de más de dos años
El trasfondo del caso es extenso. El Gobierno vetó la ley tras su primera aprobación parlamentaria; el Congreso insistió en su sanción y la promulgó, pero el Ejecutivo condicionó su aplicación a que el propio Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Ante ese incumplimiento, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó en octubre de 2025 un amparo colectivo que inició el recorrido judicial.
En diciembre de ese año, el juez federal Martín Cormick ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6. El Estado apeló, pero en marzo de 2026 la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar. El Gobierno recurrió entonces a la Corte Suprema, que este jueves cerró esa vía al declarar inadmisible el planteo por ausencia de sentencia definitiva.
Durante el proceso, el Ejecutivo también intentó, sin éxito, recusar a los jueces intervinientes en instancias inferiores y pedir la excusación de los integrantes de la Corte, argumentando que ejercen la docencia universitaria.
El acuerdo previo y la brecha con la ley
El fallo llega semanas después de que el ministerio de Capital Humano firmara, el 10 de junio, un acuerdo con el Consejo Interuniversitario y los gremios docentes y no docentes. Ese acta contempló una recomposición salarial del 24,33 por ciento —21,33 por ciento en junio y 3 por ciento adicional en octubre—, junto con un aumento del 50 por ciento en las Becas Manuela Belgrano.
La cifra, sin embargo, es inferior a lo que establece la ley, que reconoce la recuperación salarial desde el 1 de diciembre de 2023. Los gremios universitarios, por su parte, reclamarán una recomposición del 32,5 por ciento a partir del fallo. Las partes fijaron un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar las negociaciones paritarias.
El debate de fondo, pendiente
La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había condicionado la ejecución presupuestaria aprobada por el Congreso. Ese expediente sigue su curso en primera instancia ante el juzgado de Cormick, donde deberá resolverse si el decreto es compatible con la Constitución.
La oposición recibió el fallo como un respaldo institucional al Congreso. Legisladores de la UCR, la Coalición Cívica y bloques provinciales destacaron que «una ley votada dos veces no se discute, se cumple». Desde el sindicalismo, la Federación Universitaria Argentina lo calificó como un reconocimiento a más de dos años de movilizaciones, paros y marchas federales en defensa de la universidad pública.