La Corte Suprema de Justicia propuso una reforma integral del mecanismo de selección de jueces federales y nacionales, con el objetivo de reducir la incidencia de factores políticos en los concursos. La iniciativa fue elevada para su análisis al Consejo de la Magistratura, órgano encargado de llevar adelante estos procesos, y se inscribe en un contexto de reconfiguración interna del propio Consejo, donde se prevé una mayor incidencia del oficialismo.
El proyecto fue suscripto por dos de los tres jueces, número suficiente para decisiones de esta naturaleza conforme a una acordada de los últimos años.
Si bien llama la atención que no haya rubricado Rosatti, ello se explica por el hecho de que preside no solo la Corte, sino también el Consejo, que será quien deberá dar el visto bueno.
La iniciativa fue desarrollada durante varios meses por Rosenkrantz y contó con el acompañamiento de Lorenzetti.
La acordada fue remitida al Consejo para su consideración, instancia en la que se requerirán mayorías agravadas para su eventual aprobación. Asimismo, se dispuso su comunicación a las cámaras nacionales y federales de todo el país, así como a los superiores tribunales de justicia provinciales, con el fin de ampliar el conocimiento institucional de la propuesta.
En el ámbito del Consejo de la Magistratura existen actualmente múltiples iniciativas de reforma, que ascienden a aproximadamente catorce propuestas. Con todo, la presentación de la Corte Suprema reviste un peso específico particular, dado su carácter institucional, lo que anticipa que será objeto de un análisis central en el debate.
REDUCCIÓN DE LA DISCRECIONALIDAD
El eje central de la reforma consiste en establecer límites concretos a la discrecionalidad política en la selección de magistrados. Para ello, se propone un rediseño del proceso que desplaza el foco desde instancias subjetivas hacia mecanismos reglados, medibles y verificables.
Uno de los cambios más significativos es la implementación de un banco de preguntas estandarizado, cuya evaluación se realizará mediante sistemas de múltiple opción. Este mecanismo apunta a garantizar uniformidad en la medición de conocimientos y reducir márgenes de interpretación en la corrección.
La entrevista personal, tradicionalmente considerada un espacio de fuerte incidencia política, ve reducido su peso de manera sustancial. Su incidencia en la calificación total queda limitada a un máximo del diez por ciento, lo que restringe su capacidad de modificar el orden de mérito de los postulantes.
El nuevo esquema redefine el centro de gravedad del proceso de selección, que pasa a concentrarse en el diseño de los instrumentos de evaluación, la definición de criterios objetivos y la administración del procedimiento. De este modo, se busca minimizar la intervención directa de los consejeros en instancias decisivas.
La reforma introduce un cambio conceptual hacia un modelo reglado, en contraste con el sistema anterior, donde coexistían el examen de oposición, la valoración de antecedentes y la entrevista personal con un componente significativo de subjetividad. El nuevo enfoque privilegia reglas preestablecidas y procesos automatizados.
NUEVAS HERRAMIENTAS
Entre las innovaciones centrales se destaca la instauración de concursos anticipados, que se realizarán con anterioridad a la generación de vacantes. Esta medida tiene como finalidad reducir la influencia del contexto político coyuntural sobre los procesos de selección.
Asimismo, se establece la implementación de un doble examen con anonimato reforzado. La primera instancia será de carácter general, objetiva y con corrección automatizada, funcionando como un filtro técnico inicial para los postulantes.
La segunda etapa tendrá un enfoque práctico y evaluará la capacidad de los candidatos para resolver casos concretos y redactar sentencias, aspectos considerados esenciales para el desempeño de la función judicial. Esta instancia contará con criterios de evaluación previamente definidos.