El máximo Tribunal del país se declaró competente en la demanda provincial contra el Estado nacional por el valor de las regalías «en especie» de Yacyretá y Salto Grande. Citó a una audiencia para el lunes 16, reabriendo una disputa histórica marcada por décadas de asimetrías políticas y económicas.
03-POLITICA-5La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido tomar las riendas de uno de los conflictos más sintomáticos del federalismo argentino: la subvaloración de los recursos energéticos provinciales. Al declararse competente en la causa iniciada por Corrientes, el alto Tribunal no sólo valida un reclamo técnico sobre «regalías en especie», sino que pone bajo la lupa la discrecionalidad con la que el poder central ha manejado las cajas energéticas durante las últimas décadas.
El eje del conflicto es el precio. Corrientes exige que el Estado nacional -a través de Cammesa- le reconozca por la energía de Yacyretá y Salto Grande un valor equivalente al «precio medio monómico del Mercado Eléctrico Mayorista». Actualmente, la Provincia recibe un pago que considera discriminatorio en comparación con lo que perciben jurisdicciones como Neuquén o Entre Ríos, lo que constituye, a ojos del Gobierno correntino, una violación directa al artículo 124 de la Constitución nacional, que establece el dominio originario de las provincias sobre sus recursos.
EL ETERNO FACTOR POLÍTICO
En la esquina de Mayo y Salta hablan de 20 años de «látigo y chequera». Es que para entender este juicio, no basta con leer el Código Civil; se debe leer el mapa político. La relación entre Corrientes y la Casa Rosada en los últimos 20 años ha sido un péndulo de tensiones:
· La Era Kirchnerista (2003-2015): durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Corrientes -bajo el signo radical de Encuentro por Corrientes (ECO)- funcionó como una «isla» opositora. Aunque Ricardo Colombi -por entonces gobernador (salvo el interregno de Arturo de 2005 a 2009)- supo coquetear con los principales «popes» de la época K, el reclamo por las regalías fue una constante, pero chocó siempre contra un centralismo que utilizaba los recursos de las represas como moneda de cambio política. La Provincia denunció sistemáticamente (pisando el acelerador en las dos gestiones de Gustavo Valdés) la postergación en obras de infraestructura y la falta de compensación por el impacto ambiental de Yacyretá.
· El interregno de Cambiemos (2015-2019): con la llegada de Mauricio Macri, hubo un alineamiento político que facilitó el diálogo entre el ex Presidente y los por entonces mandatarios provinciales, Colombi y Valdés, pero las soluciones de fondo para el sector energético fueron parciales.
Si bien se avanzó en reconocer deudas históricas, la matriz de cálculo de las regalías no se modificó de manera estructural, dejando la «espina» clavada para la gestión provincial.
· El retorno del PJ y la era actual (2019-2026): bajo la gestión de Alberto Fernández y la posterior transición hacia el modelo actual, la tensión se judicializó definitivamente, con una Fiscalía de Estado, comandada por Horacio Ortega, siguiendo estrictos lineamientos del Ejecutivo provincial. Las resoluciones de la Secretaría de Energía (como la 20/17 y la 17/19) pusieron topes del 20 y 30 por ciento para compensar deudas con regalías, lo que Corrientes interpreta como una «confiscación» de facto de su patrimonio para tapar baches del sistema eléctrico nacional.
Qué harán Cammesa y la Secretaría de Energía
- El «efecto dominó» y el riesgo sistémico
El argumento más fuerte de Cammesa será de carácter económico-institucional. Podrían alegar que acceder al pedido de Corrientes (reconocer el precio monómico para las regalías) rompería el equilibrio fiscal del Mercado Eléctrico Mayorista.
De esta manera centrarían el alegato en la variable del riesgo. Si la Corte fallara a favor de Corrientes, provincias como Misiones, Neuquén, Río Negro y Chubut presentarían demandas idénticas al día siguiente.
Cammesa argumentaría entonces que el sistema no puede absorber un aumento masivo en el costo de las regalías sin trasladarlo directamente a las tarifas de los usuarios finales en todo el país o requerir subsidios extraordinarios del Tesoro. - La naturaleza de la «regalía en especie»
Cammesa buscaría discutir la interpretación técnica del valor de la energía. Su postura suele ser que la regalía «en especie» debe valuarse al costo de generación de esa fuente específica (hidroeléctrica, que es más barata) y no al precio monómico, que es un promedio que incluye la generación térmica (mucho más cara por el uso de gas y gasoil).
La tesis de esta administradora sería: «Corrientes no puede pretender cobrar por su energía hidroeléctrica lo mismo que cuesta producir energía con combustibles importados». - El «círculo vicioso» de las deudas provinciales
Este es el punto más ríspido. Cammesa recordará a la Corte que la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) mantiene deudas históricas con el mercado mayorista.
Este detalle sería el contraataque. Defenderán la legalidad de las resoluciones que ponen topes (20 o 30 por ciento) para compensar regalías con deuda. Dirán que esos topes son necesarios para garantizar que las distribuidoras provinciales sigan pagando al menos una parte de la energía que consumen, evitando que las provincias «autofinancien» su consumo eléctrico únicamente con regalías, lo cual dejaría a Cammesa sin flujo de caja para pagar a los otros generadores del país. - La falta de «legitimación pasiva»
Es probable que Cammesa intente despegarse de la responsabilidad política. Argumentarán que ellos son simples administradores de un mandato.
Hete aquí el argumento técnico. Dirán que ellos sólo cumplen resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación. Por lo tanto, si hay una supuesta inconstitucionalidad o discriminación, la responsabilidad es del Poder Ejecutivo nacional y no de la compañía administradora, buscando así que la Corte no les imponga a ellos el pago directo o las costas del juicio.
El escenario que viene
La Corte ha citado a una audiencia para el próximo lunes 16 a las 11. El equipo técnico de la Provincia, comandado por Horacio Ortega y con el seguimiento en tiempo real de Juan Pablo, demostrará la postura intransigente respecto a uno de los temas más reclamados en las últimas décadas (seguido por el segundo puente).
Aunque un rechazo de la medida cautelar le dio un respiro financiero al Gobierno nacional, el hecho de que el máximo Tribunal del país haya aceptado la competencia originaria indica que hay una «cuestión federal» sustancial que resolver.
Corrientes ya no sólo pelea por pesos; pelea por el derecho a que sus recursos naturales no sigan subsidiando el consumo del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) mientras los correntinos pagan una de las tarifas de energía más caras del país.
Para la audiencia del lunes 16, Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) no llegará con las manos vacías. Como brazo ejecutor de la política energética nacional, su estrategia se centrará en blindar la «caja» del sistema eléctrico y evitar un efecto dominó que podría desfinanciar al Estado nacional.