La Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó por dilatar el fallo respecto a la constitucionalidad del decreto del presidente Alberto Fernández, que suspendió las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).
No hubo hasta ahora una definición sobre la disputa que mantiene la Casa Rosada con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuentes tribunalicias apuntan a que el martes próximo se conocería recién la postura de los magistrados, aunque otros hablan que se tomarían más tiempo, medidas previas de por medio.
EL AJEDREZ POLÍTICO-TRIBUNALICIO
Pocas veces como esta se han tejido tantas especulaciones en torno a un fallo de implicancias mayúsculas en la relación de poder en un año electoral clave para el tiempo que se viene y para la pelea de fondo de 2023.
La composición del futuro Congreso desvela al Gobierno.
Fiel a su estilo y su tradición, el alto Tribunal ha manejado los tiempos potenciando su propio poder al quedar en el centro de la escena política como muchas otras veces.
Llego, así, al último día de vigencia del decreto con la posibilidad de que la cuestión se torne abstracta de no extenderse su vigencia. En el ínterin, el Gobierno buscó blindar el DNU de la polémica con la aprobación de la Comisión Bicameral, lo que hizo en tiempo récord.
En lo que es la intervención de la Corte, hay que tener en cuenta que, teniendo en consideración el planteo de fondo respecto a la inconstitucionalidad y -por vía separada- una cautelar para que se suspenda de inmediato su vigencia optó por (primero) declarar la competencia originaria del Tribunal; y luego, avocarse, derechamente, al tratamiento de la cuestión de fondo desechando el análisis de la cautelar, vía excepcionalmente aplicada por la Corte, entre la que se encuentra el «leading case» de un planteo del Senado de Corrientes que, en 1992, durante la llamada Corte menemista, logró -en el marco de un amparo- ordenar al Poder Ejecutivo nacional que se abstuviera de autorizar un préstamo de 70 millones de dólares pedido por la interventora Federal, Claudia Bello.
La extensión de la vigencia de las restricciones dispuestas por Alberto Fernández colocan al Tribunal en la necesidad de resolver la cuestión, lo cual, seguramente, lo hará en las próximas horas. Aunque no se descarta que opte, previamente, por citar a una audiencia de conciliación en búsqueda de un consenso político entre el Gobierno nacional y el de la Capital Federal, iniciativa que impulsan dos de los cinco ministros del Tribunal.
Una posición intermedia apunta a que la Corte corra un nuevo traslado frente al hecho, también nuevo, del decreto de prórroga firmado por Fernández, y la nueva disposición del Gobierno porteño que, con ligeras variantes, mantiene la presencialidad.
En lo que es la decisión, por estas horas se considera probable que la Corte Suprema desconozca la caracterización del Amba como tal, declarando que la Ciudad de Buenos Aires ha tenido derecho en reclamar su autonomía que, con rango constitucional dado por la reforma del 94, es equiparable a cualquier otra Provincia argentina que, al demandar al Estado nacional, habilita la competencia originaria y excluyente del alto Tribunal como lo han sostenido, en este caso, cuatro de los cinco ministros de la Corte.
De confirmarse la orientación del fallo, en este sentido, el DNU perdería sustentación en el plano del derecho, sin necesidad de que la Corte deba ser quien ordene que los niños sigan en las aulas, pero que sería lógica consecuencia de la anulación del decreto presidencial.
Con ello, la Corte evitaría incursionar en el análisis sanitario, algo de por sí complejo, con riesgos mayúsculos y sin que, en la causa, hayan concluyentes dictámenes científicos en un sentido u otro.
El criterio de los cortesanos sería que, para arrogarse el Poder Ejecutivo una prerrogativa de esta naturaleza, sin duda excepcional, debería apelar a encuadrar la norma previo dictado del Estado de Sitio que lo facultaría para hacer primar lo sanitario en desmedro de las autonomías locales.
Lo que está claro es que la Corte está dispuesta a limitar su rol al análisis del caso concreto y no está dispuesta a encontrar soluciones que es competencia de la política como tal.
EL RETRUCO DE HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA
El Jefe de Gobierno dio un paso decisivo al desconocer la autoridad presidencial yendo a la Corte. Presentación que realizó en una puesta en escena, minutos antes de sentarse (semanas atrás) en la Residencia de Olivos con Alberto Fernández. Audiencia que había solicitado de urgencia y en la cual ambas partes ratificaron sus posiciones.
Con ello logró posicionarse como principal referencia opositora en desmedro de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y quedar como contracara del Gobierno para la pelea de fondo de 2023.
Al dejar la solución de la disputa en manos de la Corte Suprema, Rodríguez Larreta se aseguró que, cualquiera sea el fallo, terminara ganando.
Si, como consecuencia del fallo, las clases deben seguir será un triunfo de primer orden. Por el contrario, en el supuesto que por la decisión de la Corte, los niños deban volver a sus casas, el Jefe de Gobierno lograría que el costo político, en el análisis de los porteños lo pague el Presidente de la Nación. Todas las encuestas coinciden tanto en el rechazo a las medidas del Jefe de Estado como a un aumento de apoyo a Larreta en la Capital que, además, es vidriera del país por el efecto de la televisión.
Y ALBERTO…
El Presidente es consciente de que un fallo adverso de la Corte tendrá una lectura política que excede, en mucho, a la cuestión de clases sí, clases no.
Volverá a poner al alto Tribunal como referencia máxima del poder en la República, en una coyuntura donde el Gobierno ha intentado sin éxito esmerilar al Tribunal, logrando el efecto contrario con un abroquelamiento hasta hace poco inesperado.
Los que ven debajo del agua no descartan que, tras esta renovada ofensiva del Poder Ejecutivo que vuelve a dinamitar los puentes de diálogo con la oposición, no se encuentre el propósito de cortar las negociaciones con los opositores por la postergación de las Paso para cuya definición sólo quedan los cinco días de la semana que se inicia. La renovada tensión sería la justificación de un abrupto corte de las negociaciones ya concluidas y en trámite de ejecución.
En esta nueva realidad, el Gobierno, incluso perdiendo ganaría en su propósito, nunca abandonado, de hacer caer las Primarias, yendo directamente a las elecciones generales del 24 de octubre sin la incómoda instancia intermedia de unas Paso que, desde hace tiempo, hacen ruido particularmente a los gobernadores, incluido el de Corrientes.
El tema hace impacto en el kirchnerismo de paladar negro y en el núcleo duro de Juntos por el Cambio.
Lo que está claro es que en Buenos Aires y en Capital Federal habrá Primarias, y eso no es poca cosa. Otras provincias como Chaco las harían caer si en el orden nacional ello se produjera.
ANTECEDENTES
Los jueces que integran la Corte son Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, de los cuales con la sola excepción de esta última, acordaron que este caso es de competencia de la Corte Suprema.
Los cinco trabajan, por estas horas, en lo que será la posición del alto Tribunal, llamado una vez más a constituirse en el árbitro de fuertes disputas políticas que terminan por ubicar a la Corte en el privilegiado lugar de ser el intérprete final de la Constitución de la República, referencia inevitable en la vida de los argentinos.
La causa fue iniciada el 16 de abril por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su presentación, el Gobierno porteño pidió que la Corte declarara inconstitucional el artículo 2 del decreto de Fernández, que suspendió las clases presenciales en el área metropolitana por dos semanas y que dispusiera una medida cautelar. La administración de Horacio Rodríguez Larreta afirmó que el artículo 2 del Decreto 241/2021 «viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación».
Tres días más tarde, el 19 de abril, la Corte se declaró competente para intervenir en el caso, en línea con el primer dictamen de la Procuración General de la Nación en esta causa. En un segundo dictamen, conocido en las últimas horas, el doctor Casal, procurador general de la Nación que resiste desde hace meses un duro embate del Poder Ejecutivo nacional, afirmó que el decreto es inconstitucional.
«Los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles», afirmó Eduardo Casal.
El Procurador General señaló que la suspensión de las clases presenciales «no fueron adecuadamente fundadas puesto que, sin desconocer la situación epidemiológica por la que se atraviesa, tienen por objeto restringir el derecho fundamental a la educación», que la Ciudad tiene el deber de garantizar. Su dictamen tenía carácter de opinión no vinculante para la Corte.
CON LA SARTÉN POR EL MANGO. Al menos cuatro de los cinco supremos saben que no hay número ni habrá ahora, ni después para lograr sus desplazamientos por la vía del juicio político. Esos cuatro están en condiciones de sobrevivir a esta gestión y aun a la que siga en 2025, así como en 2029, hasta llegar a la edad tope de 75 años que para ellos rige. El caso de Elena Highton es distinto. Es la más vulnerable, desde lo jurídico y lo ético. Será la primera vacante que quedará en un Tribunal de equilibrio inestable. En unos meses volverá, a los primeros planos, la disputa por quién será el nuevo Presidente para el período 2022-2024, sin que haya «un número puesto». Hoy, la ofensiva gubernamental los ha abroquelado. Lo que tienen en claro los ministros es que gane quien gane, las futuras presidenciales y las que siguen las mayorías legislativas no los pondrán en jaque. Ni oficialismo, ni oposición llegarán a los dos tercios. Una realidad que no se da en Corrientes, al menos por hoy.