“No es una broma, esto tiene consecuencias graves para los alumnos y sus tutores”. De esta manera se expresó la ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, esta mañana a la prensa respecto a la “moda viral” de las amenazas y falsos avisos que alteraron el normal desarrollo de las clases.
En una recorrida que incluyó el colegio Robineau, la escuela Ferré y la Industrial, la funcionaria buscó llevar respaldo directo a los directivos y equipos docentes. “La idea es poder estar cerca de ellos, poder acompañarlos y apoyarlos en todas las decisiones que están tomando”, explicó Miño en contacto con la prensa.
La funcionaria puso de relieve que el Ministerio no impone una receta única, sino que valida la autonomía de cada institución: “Estamos apoyando cada una de las decisiones que toman los directivos porque son ellos los que están en las escuelas y conocen las situaciones por las que atraviesan”.
SANCIONES Y EL FIN DE LA “BROMA”
Respecto a la identificación de los responsables de estos hechos -que ya suman seis en toda la provincia, cuatro en Capital y dos en el Interior-, la Ministra fue tajante sobre el carácter de las medidas que se vendrán. “Indudablemente nosotros no podemos estar ajenos a toda esta situación que es grave. Esto no es una broma, esto tiene consecuencias”, sentenció.
Al ser consultada sobre si las sanciones podrían derivar en expulsiones, Miño aclaró que el marco legal ha cambiado en los últimos años, pero que el debate está abierto. “Hoy no podemos hablar exclusivamente de expulsión porque esto fue reemplazado en su momento por los acuerdos escolares de convivencia. Pero hoy estamos en un escenario diferente, con situaciones que nos sorprenden y que no se venían viviendo. Por lo tanto, tenemos que adaptar todas esas normativas”, adelantó, vinculando el problema a un fenómeno de escala nacional e incluso internacional.
RESPONSABILIDAD DE LOS TUTORES
La Ministra también hizo hincapié en el rol de las familias y la comunicación oficial que se está bajando a través de cuadernos de comunicación y redes sociales. “El mensaje está claro: esto tiene consecuencias graves y serias, tanto para los chicos como para sus tutores”, advirtió Miño, en sintonía con las actuaciones que llevan adelante el Ministerio de Seguridad y el sistema judicial bajo la figura de intimidación pública.
Amenazas en red y el dilema de la sanción
La provincia de Corrientes atraviesa una coyuntura delicada donde el fenómeno de las amenazas escolares ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una problemática de seguridad pública. Este escenario se inserta en una ola nacional de avisos de bomba y amenazas de tiroteos (muchas veces coordinadas a través de redes sociales) que obligan a protocolos de evacuación costosos y traumáticos.
En el plano institucional, la gestión de Ana Miño se enfrenta al desafío de equilibrar los Acuerdos de Convivencia -que priorizan la revinculación del alumno sobre la punición- con la demanda social de ejemplaridad.
La identificación de seis sospechosos marca un punto de inflexión: la transición de la órbita puramente pedagógica a la judicial, donde el Estado correntino busca sentar un precedente para frenar una tendencia que pone en jaque la presencialidad y la salud mental de la comunidad educativa.