Dos años y tres días después de la desaparición de Loan Danilo Peña, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dio inicio el martes al juicio oral contra las 17 personas acusadas por el caso. La primera audiencia se celebró en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en la ciudad de Corrientes y estuvo dominada por la lectura parcial de la acusación fiscal, que expuso con detalle qué habría ocurrido aquella tarde de junio de 2024 en el paraje Algarrobal y quién habría hecho qué.
Dos grupos, dos tipos de responsabilidad
La fiscalía —a cargo del fiscal general Carlos Schaefer y la fiscal general subrogante Tamara Pourcel— divide a los acusados en dos grupos con responsabilidades bien diferenciadas.
El primero está compuesto por siete personas a quienes se les atribuye haber participado directamente en la sustracción y el ocultamiento de Loan. Todos se encuentran detenidos con prisión preventiva. El segundo grupo reúne a diez acusados a quienes se imputa haber desplegado maniobras para desviar, entorpecer o frustrar la investigación, y que llegaron al juicio en libertad.
Lo que habría ocurrido aquella tarde
Según la reconstrucción fiscal, Loan fue visto por última vez en una fotografía a las 13.52 del 13 de junio de 2024, mientras caminaba hacia una zona de monte con naranjales junto a otros adultos y menores. A las 15.26 se realizaron los primeros intentos de comunicación para reportar su desaparición. En ese intervalo, sostiene la acusación, se consumó la sustracción.
El mecanismo habría sido el siguiente: mientras el padre del niño y la abuela hacían la sobremesa junto al matrimonio conformado por Victoria Caillava y Carlos Pérez, otros cuatro adultos —Bernardino Benítez, Laudelina Peña (tía del niño), Daniel Ramírez y Mónica Millapi— habrían apartado a Loan del cuidado de su padre con la excusa de ir a buscar naranjas. En el camino hacia el naranjal, Laudelina convenció a una prima de Loan de regresar a la casa argumentando que también había naranjas allí, lo que dejó al niño solo con los adultos que, según los fiscales, participaron de la maniobra.
Una vez en el naranjal, sostiene la acusación, «se produjo un suceso que desencadenó en la sustracción del menor, el cual luego fue alejado del lugar y ocultado», situación que, para la fiscalía, «perdura al día de la fecha».
La acusación también señala que existen indicios de que para concretar el hecho se utilizó la camioneta Ford Ranger del matrimonio Caillava-Pérez, en la que se habrían encontrado rastros odoríferos del niño.
Los siete acusados por la sustracción
Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica Millapi son acusados como coautores de la sustracción y ocultamiento de un menor de diez años, delito que prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.
El séptimo integrante de este grupo es el comisario Walter Adrián Maciel, acusado como partícipe necesario. Según la fiscalía, Maciel —entonces jefe de la Comisaría de 9 de Julio— montó un falso escenario de búsqueda y tomó medidas orientadas a entorpecer e imposibilitar el hallazgo del niño.
Los diez acusados por obstruir la investigación
El segundo grupo está integrado por Esteban Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabet Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. A ellos se les atribuyen delitos como encubrimiento, falso testimonio, privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y violación de secreto profesional.
Algunos habrían actuado de manera organizada y con funciones distribuidas —en particular Cutaia y Cañete, señalados como líderes de un grupo que operó bajo la fachada de la «Fundación Dupuy»—, mientras que otros responden por aportes individuales.
Fotos: Luís Gurdiel