Jornadas decisivas en el futuro de la Hidrovía

Tras las licitaciones cortas, se definen los operadores para dragado y balizamiento. Se presentaron las mismas firmas que venían trabajando.

La empresa Emepa, propiedad del contratista del Estado, Gabriel Romero, dio un paso más en camino a obtener el nuevo contrato de balizamiento de la vía navegable troncal (VTN) Paraguay-Paraná, más conocida como Hidrovía. Dentro del marco de la llamada «licitación corta», organizada por la Administración General de Puertos (AGP) -que es la concesionaria estatal que tiene a su cargo este proceso- la empresa del radical que se jactó de tener una amistad entrañable con Raúl Alfonsín, presentó la oferta más baja, lo que la dejó a las puertas de la adjudicación.
En condiciones normales -según publica el portal Data Clave, con la firma de Mauro Federico- esto significa que Emepa continuará a cargo de las tareas de balizamiento hasta septiembre de 2022, siempre y cuando no se demore la «licitación internacional» que definirá el responsable de operar la hidrovía hasta 2037. Esto ocurre luego de que el Gobierno nacional diera por finalizada la concesión que, desde 1995, estuvo en manos de un consorcio integrado por la firma argentina, en sociedad con la belga Jan de Nul.
En ese mismo acto, puso en manos del interventor de la AGP José Beni la responsabilidad conferida por el Decreto 427/2021 que tuvo como principal objetivo «generar un mayor control estatal sobre la hidrovía y facultar al organismo, por un plazo de 12 meses, a cobrar el peaje y hacer las contrataciones necesarias para mantener operativos los servicios en la vía navegable, esencial para el comercio exterior argentino».
Pero para ello debían cumplimentarse una serie de pasos indispensables que incluyeron la confección de los pliegos, la convocatoria, que se presenten los oferentes, fijar la compulsa de cada una de las ofertas, elegir un candidato y superar las posibles impugnaciones. «Durante ese tiempo deberá resolverse qué proyecto de hidrovía queremos y cómo pretendemos administrarla y, fundamentalmente, controlarla durante los próximos veinte años», aportó un funcionario con acceso directo al despacho del ministro de Transporte.
El ente portuario mantuvo a las empresas que conformaban la operadora saliente, por no contar con la infraestructura necesaria para resolver en el corto plazo su reemplazo. Esa prórroga se efectivizó con dos contratos directos por el término de 90 días hábiles, firmados con Emepa y la Compañía Sudamericana de Dragados (CSD), la filial local de Jan de Nul. Para reemplazar esos contratos que se terminan en menos de dos semanas, la AGP diseñó estas «licitaciones cortas» que cubren la franja de 9 meses entre enero y septiembre.

FUNCIONES

Para el balizamiento, se presentaron dos propuestas. La de Emepa fue la mejor, con 13.522.671 dólares más IVA, un 15 por ciento por debajo de la valuación oficial. En tanto, la oferta de la segunda competidora integrada por Pentamar y Sade Electromecánica se ubicó en 15.182.238 dólares más IVA. Todo indicaría que en un par de semanas la AGP le adjudicará el contrato. Pero no es su único objetivo.
Romero también pretende retener el manejo de las obras de dragado de la hidrovía (licitación corta que se hizo primero). Para ello se asociaron con una empresa danesa líder en el rubro: Rhode Nielsen. Y compite contra otros tres grupos oferentes que pulsean para obtener un contrato cercano a los cien millones de dólares, por nueve meses de trabajos.
En la continuidad del proceso, la AGP se tomará un mes para realizar la evaluación técnica y definir qué firmas llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento de la vía hasta septiembre de 2022, fecha en que se debería conocer el pliego definitivo.
La gran preocupación de Beni -un técnico de carrera, con vasta experiencia en materia portuaria, quien como gerente general enfrentó el desafío de prorrogar las concesiones de las terminales portuarias- es qué va a pasar durante el período en el que se llevará a cabo todo el proceso licitatorio.
En ese momento, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, le solicitó a la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante que efectuara un relevamiento de las dragas y el material con el que cuenta el organismo estatal para afrontar el dragado durante ese período de transición. La estrategia era lograr que los belgas -que son los dueños de las dragas- rompieran con Emepa y se hicieran cargo ellos solos del dragado. «No hay en Argentina muchas empresas con la capacidad operativa necesaria para resolverlo y traer esa maquinaria desde otras partes del mundo, insume tiempo y recursos, no es tan sencillo», explicaron.

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