Los senadores nacionales del bloque radical, Eduardo Vischi y Víctor Zimmermann, abrieron una rueda de consultas para discutir el funcionamiento de los fueros destinados a esta área. La gestión se enmarca en el reclamo de fondos previstos por la Ley 26.052 que deben ser incluidos en el presupuesto nacional para reducir el impacto financiero en el sistema judicial de las medidas en contra del tráfico de drogas.
02-TAPA-POLITICA-1El senador Eduardo Vischi, en su rol como presidente del bloque radical en la Cámara alta, junto con el senador Víctor Zimmermann, mantuvo una reunión con el presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Víctor del Río.
Durante el encuentro, se analizó el funcionamiento del fuero de la lucha contra el narcomenudeo en la Justicia provincial, cuyo costo operativo para 2025 se estima que superará los 3.000 millones de pesos.
Este encuentro formó parte de una serie de gestiones para lograr que, por primera vez, se incluyan en el presupuesto nacional los fondos estipulados por la Ley 26.052. Dicho reclamo también está en sintonía con un proyecto presentado a finales de septiembre por diputados nacionales, quienes buscan que estos recursos sean considerados en las partidas presupuestarias.
TRANSFERENCIAS
PROPORCIONALES
La Ley 26.052, promulgada en 2005, transfirió la competencia para la persecución del narcotráfico a pequeña escala desde la órbita federal a las jurisdicciones provinciales.
Sin embargo, a pesar de lo estipulado en el artículo 5 de la norma, que establece «un sistema de transferencias proporcionales a las jurisdicciones que adhieran y lo requieran», las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han tenido que asumir los costos de esta tarea sin recibir los fondos previstos.
Estos costos incluyen el trabajo de las fuerzas de seguridad, el sistema penitenciario y la prestación de Justicia, lo que genera una creciente demanda por parte de las provincias para que el Estado nacional cumpla con lo estipulado en la ley.
Combate activo
La Ley de Desfederalización N° 26.052, sancionada en 2005, permitió a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumir la competencia penal sobre ciertos delitos relacionados con estupefacientes, antes exclusivos del fuero federal.
Los delitos involucrados en esta modificación son los delitos menores (tenencia simple y tenencia para consumo personal, Artículo 14, Ley 23.737) y el comercio al menudeo (comercio de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor, en referencia al Artículo 5, Ley 23.737), entre otros.
Los delitos de tráfico ilícito que exceden el menudeo, el contrabando de estupefacientes y los restantes delitos previstos en la Ley 23.737, se mantienen siempre dentro del ámbito de la competencia federal.
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