Las diputadas Silvia Galarza y Albana Rotela Cañete promueven un proyecto que busca crear equipos penales especializados en delitos cibernéticos y entornos digitales. La iniciativa dispone que los mismos interactúen con la comunidad, educando a los ciudadanos sobre cómo protegerse de ataques y fomentar la prevención.
05-POLITICA-3Las diputadas Silvia Galarza y Albana Rotela Cañete impulsan un proyecto de ley que busca crear Unidades Fiscales Penales especializadas en Ciberdelincuencia y entornos digitales.
La norma propone, en su Artículo 1, establecer seis Unidades Fiscales en diferentes localidades de la provincia. Dos de estas unidades estarán ubicadas en la primera Circunscripción Judicial, en la ciudad de Corrientes, mientras que se asignará una unidad a Goya, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres e Ituzaingó.
De acuerdo al texto, al que tuvo acceso EL LIBERTADOR, el Fiscal General del Poder Judicial será responsable de fijar políticas de acción y podrá modificar la ubicación de las unidades según las necesidades del servicio de Justicia. Además, tendrá la facultad de celebrar convenios con el sector público y privado para colaborar en el ámbito de la lucha contra la ciberdelincuencia.
Cada unidad tendrá atribuciones específicas en la investigación y persecución de delitos relacionados con esta problemática. Esto incluye delitos como el grooming, la explotación sexual infantil, el fraude informático, el daño informático y las estafas mediante técnicas de ingeniería social.
FORMACIÓN
PERMANENTE
El Artículo 5 establece la obligación de capacitación permanente para quienes estén a cargo de estas unidades. Cada titular deberá realizar al menos un curso específico por año y dictar capacitaciones para otros funcionarios del Ministerio Fiscal, garantizando así que el personal esté siempre actualizado en las mejores prácticas y técnicas de investigación.
Asimismo, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal podrán optar por permanecer en su unidad actual o ser asignados a las nuevas unidades especializadas. Esta elección deberá comunicarse al Fiscal General en un plazo de 30 días desde la promulgación de la ley, asegurando una transición fluida y organizada.
Ajustar la política
En la faz argumental del proyecto, las diputadas recuerdan que la responsabilidad política parlamentaria debe ajustarse a los cambios sociales y sus demandas, especialmente en lo que respecta a la persecución penal y la creación de instituciones enfocadas en nuevas realidades, como el aumento de los delitos en entornos digitales.
Advierten que estos delitos afectan a los ciudadanos que interactúan en la web y requieren un enfoque especializado, observando que cada día se cometen delitos en la red que perjudican tanto a personas vulnerables como no vulnerables.
En ese sentido, remarcan que el entorno digital ha facilitado la comisión de delitos a distancia, con delincuentes que emplean nuevas tecnologías y técnicas complejas que complican la investigación penal, superando fronteras y dificultando el accionar de la Justicia tradicional.
Estructura especializada
Las diputadas enfatizan en que la creación de un organismo especializado dentro del Ministerio Público Fiscal es crucial para investigar los delitos en entornos digitales, cuya incidencia ha aumentado exponencialmente desde la revolución digital, especialmente durante la pandemia.
Remarcan que estos delitos requieren una estructura eficiente y capacitada que esté a la altura de los avances tecnológicos, advirtiendo que su penetración, hoy en día, ataca entornos digitales tanto de personas públicas como privadas, dañando su patrimonio, intimidad y, en muchos casos, involucrando a personas vulnerables, incluidos menores de edad.
Las legisladoras insisten que los ataques cibernéticos demandan la creación de organismos específicos que puedan investigar y perseguir penalmente a los responsables, en línea con leyes nacionales e internacionales, recalcando que jurisdicciones como Caba, Salta y Mendoza, ya han creado fiscalías temáticas para combatir la ciberdelincuencia.
Cabe remarcar que, en la provincia de Corrientes, aunque existen Unidades Fiscales temáticas para delitos rurales y ambientales, aún no se han desarrollado estructuras especializadas en delitos digitales.
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