A partir de una propuesta del bloque Vamos Corrientes, se estudia una iniciativa para dotar a la Provincia de un cuerpo jurídico orgánico. El objetivo es modernizar las regulaciones locales, adaptarlas al comercio electrónico y garantizar una tutela reforzada para los sectores vulnerables.
02-TAPA-POLITICA-OK-3En la Cámara de Diputados se analiza una iniciativa legislativa innovadora en materia de derechos civiles y económicos. Se trata del proyecto de ley mediante el cual se busca instituir el Código de Protección de los Derechos de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes.
La propuesta (Expediente Nº 20.024), impulsada por los legisladores del bloque oficialista Vamos Corrientes, se encuentra en el ámbito de las comisiones de Defensa del Consumidor y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
REALIDADES
DE CONSUMO
La iniciativa parlamentaria surge como una respuesta directa a las transformaciones socioeconómicas de la última década. Según se detalla en los extensos fundamentos del proyecto, el objetivo primordial de la norma es establecer un marco legal de protección integral basado en el reconocimiento de las nuevas realidades de consumo y las asimetrías estructurales del mercado actual.
El documento remarca que la irrupción de los mercados digitales, las plataformas de comercio electrónico y los servicios financieros masivos modificó drásticamente las reglas de juego, dejando en evidencia las falencias y la dispersión de los mecanismos de control vigentes a escala provincial.
Al respecto, desde la bancada de Vamos Corrientes se argumentó la necesidad imperiosa de avanzar con esta codificación propia al sostener que el enfoque vigente en la jurisdicción se caracteriza por la ausencia de un cuerpo normativo orgánico local que regule en un solo texto el sistema provincial de protección.
Asimismo, los autores de la propuesta criticaron el esquema actual, al calificarlo como predominantemente reactivo y con escasa regulación local sobre prevención, educación y abordaje de problemáticas urgentes que golpean con fuerza a la sociedad. En este sentido, señalaron que el nuevo marco legal pretende saldar una deuda histórica y actualizar la respuesta estatal mediante la incorporación de herramientas de gestión que complementen la legislación nacional de fondo.
Hipervulnerabilidad y tutela reforzada
Uno de los ejes más novedosos y con mayor peso político del proyecto es la introducción explícita de la categoría de «consumidores hipervulnerables». La legislación tradicional se centró históricamente en la figura del consumidor estándar, un concepto que los legisladores consideran insuficiente frente a la complejidad del escenario contemporáneo. La norma define bajo esta condición a aquellas personas humanas que experimentan mayores obstáculos para el ejercicio de sus derechos debido a su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, tecnológicas, de endeudamiento y económicas.
El texto de la ley estipula de forma taxativa que los proveedores del mercado tendrán deberes reforzados de información, colaboración, asistencia, accesibilidad y trato digno frente a estos colectivos en desventaja. De igual manera, prescribe que el incumplimiento de estas obligaciones especiales será considerado una circunstancia agravante al momento de aplicar las sanciones pertinentes.
En sintonía con esto, el proyecto prescribe que la protección propuesta no es sólo negativa, orientada a evitar el daño, sino fundamentalmente positiva, destinada a garantizar activamente el trato digno y el acceso a la información veraz para evitar flagelos actuales como el sobreendeudamiento de los hogares correntinos.
Con estructura procesal y arbitraje rápido
Para operativizar estos derechos, el anteproyecto de código propone una profunda reforma de los procedimientos administrativos y judiciales en el territorio provincial.
En los fundamentos se advierte que los conflictos cotidianos de consumo sufren trabas burocráticas a raíz de la dispersión normativa existente. Para contrarrestar esta situación, se propone la instauración de un procedimiento administrativo moderno, el diseño de un proceso judicial de consumidor específico con gratuidad garantizada y la creación del sistema provincial de arbitraje de consumo, pensado como una vía rápida, ágil y gratuita para dirimir controversias sin necesidad de litigar durante años.
Finalmente, el andamiaje doctrinario de la propuesta se respalda de forma directa en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en los preceptos de la Carta Magna provincial, que obligan al Estado correntino a proveer estas garantías de forma directa y operativa en su territorio.
Los diputados de Vamos Corrientes consideraron que el proyecto procura dotar al Estado provincial de un instrumento moderno, integral y eficaz, que fije reglas de juego claras, combata la asimetría de poder en las relaciones de mercado y promueva un consumo sustentable en sintonía con la preservación del ambiente.