La ex procuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, quien investigó el poder en Entre Ríos y fue destituida en mayo último, estuvo hoy en la ciudad de Corrientes y brindó una conferencia en el noveno piso del Poder Judicial, ubicado por calle 9 de Julio 1099.
Acompañada del fiscal general de la provincia, Julio Cesar Sotelo, la ex fiscal anticorrupción que sacó a la luz hechos de corrupción en la vecina provincia que involucraron al exgobernador Sergio Uribarri -quien fue condenado a ocho años de prisión-, se refirió al poder, la impunidad y la corrupción.
Explicó que «la corrupción se retroalimenta de una característica que tienen nuestras democracias latinoamericanas y es mantener altos márgenes de impunidad. Esto facilita la corrupción que genera en la ciudadanía esta sensación que frente al poder no se puede cambiar el estado de situación a pesar de que vemos que está pasando un hecho de corrupción; a pesar de que a veces vemos incluso que algunas personas son hechas parcialmente cómplices porque tienen que hacer prestaciones. Este es el estado de cosas y no se puede cambiar».
Para Goyeneche, «cuando ocurre un juzgamiento de un hecho de corrupción de mucha resonancia, de personas que están en el poder se pone en crisis esa sensación de impunidad. Esto genera un movimiento contrario y esto podría dar lugar a que empiecen a aparecer testigos. Porque generalmente no hay gente que se anime a hablar, a contar lo que conoce de estos hechos y esto se retroalimenta con la idea de que siempre el poderoso va a ganar la batalla final, va a conseguir la impunidad tan deseada.
«En casos de corrupción más leves esto no pasa, pero cuando los casos son de mega corrupción o a muy alto nivel, hay ataques a la independencia muy fuerte», remarcó.
La ex fiscal también opinó sobre las declaraciones recientes del presidente, Alberto Fernández, quien se refirió a Diego Luciani el fiscal federal que pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández, y dijo que espera que no se suicide como Alberto Nisman.
«Es preocupante que un funcionario de otro Poder del Estado opine públicamente de manera incisiva sobre la actuación de un juicio en trámite. La función de un fiscal puede ser criticada, pero no por el Presidente de la República. Esencialmente, pone en crisis la independencia de quienes todavía no intervinieron: los jueces que dictarán sentencia», señaló.
Consideró Goyeneche que no se trata de “una amenaza concreta de un mal personal individual de riesgo de vida; pero si esas declaraciones tienen un sentido según el cual esta persona no puede seguir tranquila».
«Que el Presidente de la República en ejercicio haga esas declaraciones hace que este funcionario no pueda ejercer con libertad su cargo» dijo y lo interpretó «como un ataque concreto a la independencia y a la dignidad de la persona».
Fotos Luis Gurdiel