La jueza de Garantías N° 1 de la provincia de Corrientes, Gabriela María Alejandra Aromí, se preparó para concretar su jubilación en el mes de octubre, tras 32 años de carrera en el Poder Judicial y casi 23 años al frente de la magistratura. Su recorrido profesional comenzó como prosecretaria en la ex Cámara Criminal N° 1 junto a la jurista Rita Mill, para consolidarse posteriormente en la conducción de un juzgado clave en el proceso de modernización judicial.
Reconocida como una de las principales referentes en Derecho Procesal Penal de la región, Aromí impulsó la transición del histórico sistema mixto e inquisitivo hacia un modelo acusatorio, oral y transparente. La gestación de este cambio comenzó en 1999 y cristalizó en un proyecto de reforma integral elaborado junto a docentes de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y miembros del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
Esta transformación no solo modificó la normativa, sino la dinámica diaria de los tribunales al incorporar audiencias públicas, celeridad en los trámites, mecanismos alternativos de resolución de conflictos y una participación activa de las víctimas y los imputados.
DOCENCIA, LITIGACIÓN Y PROYECCIÓN REGIONAL
Su desempeño en el estrado se complementó de manera permanente con la actividad académica como profesora titular de Derecho Procesal Penal y Litigación Penal Oral. Desde la cátedra universitaria y como instructora de la Primera Escuela Judicial, promovió la formación práctica de operadores en toda la provincia, trasladándose personalmente a localidades del interior como Santo Tomé y Paso de los Libres en épocas previas a la digitalización.
A su vez, este trabajo conjunto entre la universidad y la magistratura derivó en la elaboración del Código Procesal Penal modelo para el Nordeste Argentino (NEA) y la creación de clubes de litigación oral integrados por estudiantes y jóvenes profesionales de la región.
PIONERA EN JUSTICIA RESTAURATIVA Y PERSPECTIVA HUMANA
Desde la función judicial, Aromí fue impulsora precoz de la oralidad en audiencias de suspensión del juicio a prueba, la mediación penal y la justicia restaurativa. Asimismo, promovió la articulación de redes interinstitucionales para brindar apoyo a víctimas de violencia de género. Su visión sobre la labor judicial se centra en concebir el trabajo como un servicio público donde la empatía, las explicaciones claras y el trato humano resulta esencial para mejorar la calidad institucional.
En el ámbito personal, enfrentó la partida de su hijo Maxi durante la fase previa a las capacitaciones del nuevo código procesal, canalizando esa experiencia en un canal de contención social a través del grupo Renacer y en una especial sensibilidad hacia los derechos de las personas con discapacidad.
Pese a apartarse de la magistratura, la jurista dejó en claro que su vocación permanece intacta: «Renuncio al cargo de jueza, pero no a los sueños de seguir contribuyendo al servicio de justicia», asegurando que volcará su experiencia en la capacitación continua de los futuros actores de la ley.