Por Mario Koltan
En la Argentina se está observando un fenómeno en el que hay una disputa por la distribución de la asignación de recursos con escasos ingresos que tiene el sistema de salud entre los distintos actores: sanatorios, profesionales médicos, bioquímicos, farmacéuticos. Pero hay un actor dentro de la salud, los laboratorios, que hoy mira desde afuera esta película y no es parte de la mesa que debate los problemas de costo y financiamiento, y que determina de manera arbitraria una política de precios.
La industria farmacéutica es un actor que mira desde afuera y actúa proveyendo los medicamentos, con una política de precios que termina pagando el conjunto de la sociedad. Si analizamos los últimos 10 años y vemos cómo se distribuyen los recursos del sistema de salud, los medicamentos tienen una participación creciente: pasaron de ser el 22 por ciento de la torta, a hoy alcanzar casi el 38 por ciento.
Todo esto ocurre con una seguridad social que ve disminuidas sus principales fuentes de financiamiento: la cantidad de trabajadores que aportan al sistema y el poder adquisitivo real de los salarios. En el primer caso, venimos de un proceso de caída de puestos de trabajo que inicia en 2017 y llega a su punto crítico con el inicio de la pandemia. En el caso de los salarios, los ingresos en dólares se encuentran totalmente deprimidos.
En enero de 2015, el salario mínimo en Argentina ascendía a 546 dólares. Con los cambios recientemente anunciados, para el mes de septiembre 2021 el salario mínimo pasa a ser de 300 dólares; lo que representa una caída del 45 por ciento en términos de la moneda extranjera de referencia, según la Defensoría del Pueblo.
En este contexto hay opiniones diversas sobre el sistema y sus actores. Algunos creen que el Estado es ineficiente, otros que la medicina privada es un gran negocio y dan pocas prestaciones, otros que los sindicatos hacen de las obras sociales parte de su política sindical y no dan servicio a la gente. Pero en Argentina no se trata de eliminar ninguno de estos sectores, sino más bien, ordenar para que se aproveche de la manera más eficiente posible esos recursos escasos.
Hay un problema en salud: cómo hacemos para que esos recursos escasos tengan la mayor efectividad posible en calidad de salud, en el tratamiento y por otro lado que todos los actores participen para hacer viable el sistema.
En mi opinión, a través del Ministerio de Salud, el Estado tiene que jugar el papel de rector, ser el gran ordenador de los jugadores: Estado, hospital público (que atiende casi al 35 por ciento de la población que no tiene ningún tipo de cobertura ordenada), a la seguridad social, que son las obras sociales a través de casi las 300 obras sociales inscriptas, a las 735 entidades de medicina prepaga inscriptas en la Superintendencia de Servicios de Salud, el Pami con sus más de 5 millones de afiliados.
Un capítulo final que me parece clave: incorporar por parte del Estado a la industria farmacéutica a esa mesa de consenso para definir políticas de precio en materia de medicamentos. Porque los medicamentos -si uno analiza la conducta de los precios- en el año 2020, crecieron por encima de la inflación y de la evolución del precio del dólar.
No hay argumentos ni fundamentos técnicos que justifiquen que frente a una inflación del 50 por ciento -34 por ciento en el año 2020-, los medicamentos hayan aumentado entre un 70 y 100 por ciento.
Cuando el Indec analiza la evolución de los precios de los medicamentos, ponen en consideración 10 mil productos. Pero valdría la pena hacerlo sobre los 100 medicamentos de mayor consumo, donde hubo un mayor incremento, no solo en los niveles de facturación, sino en los precios. Y ahí se demuestra que ante un incremento muchas veces fuera de control y sin ningún tipo de intervención, el único que podría participar de esto con alguna capacidad de regulación, como es el Estado nacional, para que no exista -por ejemplo- un producto como la aspirina que se incrementó un 400 por ciento, o productos como analgésicos, u otros que tienen que ver con el sistema neurológico o con problemas de ansiedad que la gente consume de manera muy significativa, donde los incrementos de precios superaron el 150 por ciento o 180 por ciento, algo que nada tiene que ver con ningún dato objetivo de la economía.
Además, los medicamentos para la terapia intensiva que durante las internaciones de Covid-19 aumentaron un 1.000 por ciento o más, tanto como el incremento de los descartables para todo el proceso Covid-19. No se trata de confrontar a la industria farmacéutica, sino de sentar a todas las partes con un papel rector del Estado que sea un ordenador para que la salud, como derecho constitucional, esté garantizada.
Publicado en Infobae
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