En lo que representa una de las derrotas políticas más severas para el gobierno de Javier Milei, el Senado de la Nación rechazó este jueves de forma aplastante el veto presidencial a la ley que declara la Emergencia en Discapacidad. Con una mayoría abrumadora y por primera vez en más de 20 años, el Congreso anuló un veto total del Poder Ejecutivo, obligando a la Casa Rosada a promulgar una norma que había intentado frenar por razones fiscales.
La sesión expuso la soledad del oficialismo y la capacidad de la oposición para articular una fuerza unificada. El tablero marcó 63 votos afirmativos contra apenas siete en contra, una diferencia que superó holgadamente los dos tercios requeridos constitucionalmente para insistir con una ley. La coalición opositora incluyó a senadores del interbloque peronista, la Unión Cívica Radical (UCR), sectores del PRO no alineados con el Gobierno y diversos bloques provinciales, demostrando una transversalidad que enciende todas las alarmas en el Poder Ejecutivo.
Para sostener el veto, La Libertad Avanza solo consiguió el respaldo explícito de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y del formoseño Francisco Paoltroni, quien tras un período de distanciamiento volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada.
El hecho reviste una importancia histórica: desde el 12 de marzo de 2003, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, que el Congreso no rechazaba un veto presidencial total. Aquella decisión, en un contexto de profunda crisis, marcó un hito que ahora se repite, enviando un mensaje inequívoco sobre los límites del poder presidencial frente a un Legislativo dispuesto a hacer valer sus prerrogativas.
Las claves de una ley urgente
La norma, que ahora deberá ser promulgada, atiende una serie de reclamos históricos del sector de la discapacidad, fuertemente golpeado por la inflación y el desfinanciamiento. Los puntos centrales de la ley son:
- Declaración de Emergencia: Se establece la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de ser prorrogada por un año más.
- Actualización de Prestaciones: Se ordena una compensación económica retroactiva para cubrir la diferencia entre los valores actuales de las prestaciones y el avance de la inflación acumulada desde 2023.
- Pensiones por Invalidez: Un punto clave es que las aproximadamente 200 mil pensiones no contributivas por invalidez pasarán a ser equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, se permitirá que los beneficiarios puedan tener un trabajo registrado siempre que su remuneración no supere los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
- Deuda con Prestadores: La ley exige saldar la deuda que el Estado mantiene con los prestadores de servicios (transportistas, terapeutas, centros de día) y establece una actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal de la ley oscila entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, una cifra que la oposición consideró manejable y necesaria frente a la crisis humanitaria del sector.
Debate caldeado: cruces entre «libertad», «motosierra» y «crueldad»
El debate en el recinto fue un fiel reflejo de la tensión política. Desde la oposición, las críticas fueron duras y conceptuales. La senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, se apropió del principal eslogan presidencial para rebatirlo: “La libertad no es abandonar a los argentinos a su suerte”. Si bien aceptó la necesidad de auditar las pensiones, pidió hacerlo «con gestión», y no «con la motosierra y sin humanidad».
A su turno, el radical Maximiliano Abad confesó sentirse «atónito» por la decisión de Milei de vetar una ley de consenso. “Nos piden que señalemos de dónde sacar los recursos cuando hace dos años que no presentan un Presupuesto. No hay contradicción entre cuidar las cuentas públicas y garantizar derechos básicos”, sentenció.
El kirchnerismo elevó el tono de las críticas. La senadora fueguina Eugenia Duré calificó al presidente como “el más cruel” desde el retorno de la democracia, mientras que Eduardo ‘Wado’ De Pedro lo tildó directamente de “bruto” y “cínico”.
La defensa del veto quedó prácticamente en una sola voz, la de la senadora cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero. Con ironía, se dirigió a la oposición: “¿Cómo les está yendo a todos en el plan de desestabilizar al Gobierno?”. Y agregó: “No necesitamos otra ley ni declarar emergencias, necesitamos gestión”. En un gesto que denotó la debilidad de la estrategia oficialista, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, se bajó de la lista de oradores sobre el final y evitó defender la postura del Presidente.
Un Inicio de sesión marcado por el escándalo
La atmósfera ya estaba cargada desde el inicio de la sesión, que fue presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido a que Victoria Villarruel se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei a Estados Unidos.
El comienzo estuvo dominado por una serie de cuestiones de privilegio centradas en el escándalo por los audios filtrados del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La senadora Carolina Moisés apuntó contra las denuncias del oficialismo, mientras que Carlos Linares pidió disculpas en nombre del Congreso por las acusaciones de la ministra Patricia Bullrich sobre un supuesto espionaje “ruso-venezolano”. En esa misma línea, Martín Lousteau criticó irónicamente a la ministra por «pensar sin absolutamente ni una prueba».
El jefe del interbloque peronista, José Mayans, fue el más duro, comparando el caso con el escándalo ‘Watergate’ que terminó con la presidencia de Richard Nixon en Estados Unidos. Mayans cerró su intervención con un pedido formal de juicio político para la ministra Bullrich y de interpelación a Karina Milei: “Que venga a explicar acá qué pasó con esta denuncia hecha por una persona de alto rango en su propio Gabinete”.