La Cámara alta aprobó por unanimidad un proyecto de ley que eleva las condenas para los delitos de compra y venta de menores. Con 67 votos a favor, la iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados para su revisión final. El proyecto había sido debatido en una sesión previa el 4 de julio, en respuesta a la preocupación generada por la desaparición del niño en El Algarrobal. La pena de muerte, nuevamente en la picota para varios delitos.
El Senado de la Nación aprobó por unanimidad, en su última sesión, el proyecto de ley que endurece las penas para quienes cometan el delito de compra y venta de menores. La iniciativa, que obtuvo 67 votos a favor, fue remitida a la Cámara de Diputados para su consideración final.
La propuesta había sido previamente discutida en una sesión del 4 de julio, en medio de la preocupación generalizada por el caso de Loan Danilo Peña, desaparecido desde junio.
En aquella sesión, si bien el proyecto fue aprobado en general, la falta de consenso sobre algunos artículos llevó a que regresara a la comisión para una revisión detallada.
PENAS MÁS DURAS
El proyecto de ley introduce modificaciones al artículo 139 bis del Código Penal de la Nación. Originalmente, este artículo contemplaba penas de prisión de 3 a 10 años para quienes actuaran como intermediarios en delitos relacionados con la supresión y suposición del estado civil e identidad de menores, independientemente de si existía o no una retribución económica.
La nueva redacción, impulsada por los senadores Carolina Losada y Antonio Rodas, eleva la pena a un rango de 5 a 15 años de prisión, tanto para quien reciba como para quien entregue a un menor de edad de manera ilegítima, incluso si no hay intercambio de dinero o contraprestación.
Además, en casos donde el delito sea cometido por funcionarios públicos o profesionales de la salud, se aplicará una inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.
El proyecto también introduce el artículo 139 ter, que establece penas de 5 a 15 años de prisión para aquellos que faciliten, promuevan o actúen como intermediarios en la comisión de los delitos de suposición y supresión del estado civil y la identidad de menores, siempre que la conducta no esté tipificada en otro delito con una pena más severa.
En casos en que estos delitos sean cometidos por funcionarios públicos o profesionales en ejercicio de su cargo, la pena se aplicará en el tercio superior de la escala penal y se impondrá una inhabilitación especial perpetua.
IMPUTADO
COLABORADOR
Y PRESCRIPCIÓN
Otra modificación importante que propone el proyecto es la inclusión de estos delitos en el artículo 41 ter del Código Penal, lo que los convierte en parte del régimen del imputado colaborador, tal como lo establece la Ley del Arrepentido (27.304).
Esta inclusión permite que los imputados que colaboren con la Justicia puedan acceder a una reducción de la pena, aplicando la escala de la tentativa.
Además, se modifica el artículo 67 del Código Penal para garantizar que la prescripción de estos delitos se suspenda mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, siendo mayor de edad, decida realizar o ratificar la denuncia.
COMPETENCIA
FEDERAL
Finalmente, el proyecto adecua la Ley 27.146 para incorporar estos delitos a la competencia material penal federal, asegurando que sean juzgados por tribunales federales, dada la gravedad y la naturaleza de los delitos involucrados.
Durante el debate, los legisladores remarcaron que con estas modificaciones el Senado busca no sólo endurecer las penas, sino también brindar un marco legal más robusto para la protección de los menores de edad en Argentina, reforzando el compromiso del Estado con la lucha contra el tráfico y la venta de niños.
Avanzar hacia un sistema de adopción ágil y atento a la diversidad
En la sesión de comisión previa a la presentación en el recinto, los senadores discutieron la importancia de avanzar en proyectos de ley relacionados con la adopción de menores en Argentina.
El senador Juan Carlos Pagotto y la senadora Guadalupe Tagliaferri destacaron la necesidad de ampliar la capacidad del sistema de adopción para atender mejor las necesidades de los niños que esperan ser adoptados.
Tagliaferri propuso una solución concreta para enfrentar uno de los principales desafíos del sistema de adopción, centrada en modificar las preferencias de los adoptantes, y sugirió que desde el Senado se busque la manera de incentivar a las personas que desean adoptar a considerar la adopción de niños mayores de dos años.
Según Tagliaferri, uno de los mayores problemas del sistema de adopción en Argentina es que la mayoría de las familias prefieren adoptar niños menores de dos años.
La Senadora explicó que la mayoría de los niños que esperan ser adoptados en Argentina son mayores de dos años, a menudo con problemas de salud o parte de grupos de hermanos.
Tagliaferri señaló que estos niños, que no cumplen con las preferencias de la mayoría de los adoptantes, quedan en espera por largos períodos sin encontrar una familia.
RESPALDO
El Presidente de la comisión hizo eco de las palabras de Tagliaferri, reconociendo la importancia de trabajar en conjunto para cambiar la percepción social sobre la adopción.
El senador Pagotto apoyó la postura de Tagliaferri, afirmando que es necesario un cambio cultural en la sociedad argentina para abordar este desafío.
Pagotto enfatizó que esta «batalla cultural» es una responsabilidad que recae sobre todos los argentinos, no sólo sobre el sistema de adopción.
Ambos senadores coincidieron en que es crucial promover un cambio de mentalidad en la sociedad para que más personas consideren la adopción de niños mayores de dos años.
Los senadores subrayaron que las soluciones propuestas deben ser parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer el sistema de adopción y garantizar que más niños encuentren un hogar.
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