El máximo tribunal confía en que el Poder Ejecutivo hará los cálculos correspondientes para acompañar el sostenimiento de las proyecciones que el Poder Judicial programó ejecutar en 2023, teniendo en cuenta el desgaste que sufre la economía local a causa del impacto del proceso inflacionario.
Desde el Tribunal señalaron a EL LIBERTADOR que, si bien el Poder Judicial no se encuentra en una situación financiera delicada, debido a la crisis, que ha comenzado a pronunciarse en 2019 con la pandemia, en 2023, prevé que nuevamente deba solicitar al Poder Ejecutivo un refuerzo de partidas.
Desde el foro, se señaló que «por el momento» los fondos proyectados serán suficientes para afrontar compromisos a corto plazo y asegurar el funcionamiento de la Justicia de «manera adecuada», sin embargo, se advirtió que, en los meses próximos, el pedido de refuerzo de partidas comenzará a ser un «punto fuerte» en la agenda que sostienen los jueces y el gobernador Gustavo Valdés.
Desde el Tribunal se indica que en ningún escenario posible el ejercicio anual programado sufrirá dificultades para el cumplimiento de las funciones judiciales y administrativas, no obstante, a la vez, se señala que «la situación económica actual es preocupante» debido a que, en lo concreto, supone un «recorte» en las expectativas presupuestarias destinadas al mejoramiento del servicio de Justicia.
GARANTIZAR INVERSIÓN
Pese a que la escalada inflacionaria se ubique en julio al borde de las máximas proyecciones oficiales, acumulando al séptimo mes ya casi un 50 por ciento en contraste al 60 que había calculado el Gobierno nacional para todo el ejercicio anual, las expectativas en torno a la inversión del Estado en las distintas áreas de la justicia «siguen vigentes», se señala desde el máximo tribunal.
El objetivo trazado por el propio Poder Judicial para asegurar el acceso a una mejor justicia, con la renovación de los códigos procesales, se seguirá sosteniendo en el plano legislativo con nuevas conversaciones en torno al deber de sostener los cambios ya programados con fondos suficientes para compensar la corrosión inflacionaria.
En otras palabras, los jueces de la Corte confían en que los legisladores comprenderán que el Poder Judicial deberá apelar a su ámbito, además de al gobernador Gustavo Valdés para respaldar un eventual pedido de refuerzo de partidas.
Desde el foro confían en que las Cámaras enaltecerán al acceso a la justicia como un derecho fundamental para todos los ciudadanos y darán un voto positivo al destino de un refuerzo de partidas a los tribunales para lograr este objetivo, en pos de garantizar la independencia y el correcto funcionamiento del Poder Judicial.
Los jueces remarcan que del refuerzo de partidas depende, eminentemente, la modernización del servicio de justicia, un desafío determinante que emprende el Estado de Corrientes «en su conjunto».
«La modernización del servicio de justicia implica la implementación de nuevas tecnologías, la capacitación constante del personal judicial y la mejora de la infraestructura. Todos estos aspectos requieren de una inversión económica significativa que, en muchos casos, no puede ser cubierta con los recursos existentes», se señala.
«Es por eso que resulta fundamental que el Poder Ejecutivo destine mayores partidas presupuestarias al Poder Judicial. En gran medida, sólo a través de este refuerzo financiero será posible impulsar los cambios necesarios para modernizar el servicio de justicia», señalan.
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