La Cámara baja buscará hoy convertir en ley la ambiciosa modernización de un sistema siempre polémico, tras las modificaciones introducidas en los artículos más controversiales para destrabar el consenso legislativo. El tratamiento de la norma en el recinto coincide con un contundente paro general de 24 horas convocado por la CGT en rechazo al rumbo económico del Gobierno central. Una medida de fuerza que en Corrientes se sentirá con especial fuerza en el servicio de transporte de pasajeros ante la adhesión de la UTA local. En un escenario de máxima conflictividad social e industrial, la jornada de ayer estuvo marcada además por la extrema tensión que se vivió en Buenos Aires con la empresa de neumáticos Fate, donde el anuncio de despidos masivos y la posterior intervención oficial mediante la conciliación obligatoria expuso la fragilidad del sector manufacturero, en medio de la pulseada por los modelos políticos.
La Cámara de Diputados sesionará este jueves a partir de las 14 para tratar el proyecto de modernización laboral impulsado por el oficialismo, luego de que el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda emitiera dictamen de mayoría. La convocatoria se produce en un escenario de fuerte tensión política y sindical, atravesado por el paro general convocado por la CGT en rechazo a la iniciativa.
El oficialismo logró avanzar con 44 firmas en respaldo del dictamen de mayoría, con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo de San Juan, Independencia de Tucumán e Innovación Federal de Misiones. La Coalición Cívica y Encuentro Federal presentaron dictámenes propios, mientras que trascendió que el interbloque Unidos no dará quórum. El peronismo y la izquierda anticiparon su rechazo integral al proyecto.
En términos numéricos, el bloque de La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y, de sumar a los 22 integrantes del interbloque Fuerza del Cambio, los 9 de Innovación Federal, los 2 de Producción y Trabajo y el representante de La Neuquinidad, alcanzaría el número necesario para iniciar la sesión. Además, podrían añadirse tres legisladores alineados con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y otros tres cercanos al mandatario catamarqueño Raúl Jalil, quienes han acompañado al Gobierno en votaciones previas.
El debate parlamentario se desarrollará bajo la presión del paro general convocado por la CGT, cuyos principales dirigentes expusieron en el plenario de comisiones y manifestaron su oposición al proyecto. El clima de la reunión fue tenso y estuvo atravesado por referencias a la situación industrial, entre ellas el reciente cierre de la planta de Fate, que dejó a casi mil trabajadores sin empleo.
CAMBIOS EN EL ARTÍCULO 44 Y ALCANCES DE LA REFORMA
Al inicio del plenario, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, anunció la eliminación del artículo 44 del proyecto, incorporado previamente en el Senado. La decisión respondió a cuestionamientos formulados por bloques aliados y dialoguistas, que habían puesto en duda su acompañamiento en caso de mantenerse la redacción original.
El artículo en cuestión establecía que, ante enfermedad o accidente, el trabajador percibiría entre el 50 por ciento y el 75 por ciento de su salario, según se tratara o no de una actividad voluntaria y consciente del riesgo. Asimismo, reducía el período de cobertura de entre seis y 12 meses a un rango de tres a seis meses, dependiendo de si el trabajador tenía cargas de familia, y eliminaba la extensión adicional por antigüedad.
La controversia generada en medios de comunicación y redes sociales profundizó las diferencias internas en el esquema de apoyos del oficialismo. En ese contexto, se atribuyó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, haber ejemplificado públicamente con el caso de un trabajador que se lesionaba jugando al fútbol en su tiempo libre, lo que amplificó el debate político en torno a los alcances de la propuesta.
Frente a ese escenario, el oficialismo optó por retirar el artículo de raíz para preservar el consenso mayoritario y asegurar el quórum en la sesión convocada para el jueves. La decisión buscó despejar el punto más controvertido del proyecto y evitar que se convirtiera en un obstáculo para la aprobación en general de la reforma.
Fondo de asistencia
A diferencia del artículo 44, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) no sufrirá modificaciones. El FAL está concebido como un instrumento destinado a asistir a los empleadores privados en el cumplimiento del pago de indemnizaciones y otras obligaciones laborales previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, incluidas las contempladas en el régimen de trabajo agrario.
El fondo se financiará mediante contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1 por ciento de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas aportarán el 2,5 por ciento.
SOBRE TABLAS. La sesión promete ser un punto de inflexión en el debate sobre la reforma laboral, con un oficialismo que ajustó su estrategia para asegurar el quórum y una oposición sindical y política que mantiene su rechazo frontal al proyecto.
Huelga general, sin transporte
La conducción de la Confederación General del Trabajo confirmó un paro general de 24 horas en rechazo a la reforma laboral que será tratada en la Cámara de Diputados, en una conferencia de prensa realizada en la sede de Azopardo 802. En ese marco, la central obrera ratificó su oposición al proyecto impulsado por el presidente Javier Milei y advirtió que la medida de fuerza se inscribe en una estrategia de confrontación más amplia frente al rumbo económico del Gobierno.
Durante el anuncio, los dirigentes sindicales afirmaron que «no se entregarán las conquistas laborales» y subrayaron que «este es el comienzo», en alusión a la posibilidad de profundizar las acciones gremiales si la iniciativa avanza en el Congreso.
La CGT también atribuyó el cierre de la empresa Fate al «fracaso del plan económico del Gobierno» y manifestó su solidaridad con los 920 trabajadores que perderán sus puestos. Los dirigentes vincularon esa situación con un contexto más amplio de deterioro productivo y laboral, y sostuvieron que la clausura de la planta constituye un ejemplo concreto de las consecuencias que, a su entender, genera el actual modelo económico.
En la provincia de Corrientes, la medida se hará sentir con particular intensidad en el transporte urbano, así como en los servicios de media y larga distancia, impactando de manera directa en la circulación cotidiana de colectivos dentro y fuera de la jurisdicción provincial.