El juicio oral que se inició contra el ex juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, sus dos secretarios penales y varios abogados, entre otras personas, se había suspendido ayer por una situación conflictiva que se dio entre magistrados, fiscales y defensores.
Tales incidentes determinaron que el Presidente del Tribunal Oral Penal Federal (TOP) dispusiera que la audiencia se reprogramara para el próximo lunes 4 de julio, a partir de las 15.
Los hechos se habrían desatado cuando la defensora del secretario Pablo Molina, planteó una nulidad. Luego de ello, se produjo la réplica del Ministerio Público Fiscal; pero la abogada advirtió una supuesta falsedad en varios puntos de esa exposición. Entonces, recusó a los fiscales por esa mendacidad.
En esa instancia, el magistrado Rubén Oscar Quiñones informó que había corroborado los datos aportados por la profesional, dándolos por ciertos. Fue en ese momento en que se habría producido una situación confusa y estrepitosa, que llevó al Presidente del cuerpo a tomar la decisión de suspender la audiencia.
Luego se supo que los fiscales, a su vez, recusaron al juez Quiñones. La duda es si lo hicieron en el momento oportuno o fuera de término, y con qué argumentos.
Consultado por EL LIBERTADOR, el abogado defensor del secretario Federico Grau, Aníbal Ibarra, reflexionó que los fiscales «están acostumbrados a manejarse como lo hacen en Comodoro Py, con aprietes y maniobras». Añadió que, «de paso, pretenden disciplinar a los otros dos jueces, como que a ellos también les puede pasar lo mismo».
«No pueden tolerar que aparezca un tribunal realmente independiente», acotó.
Así las cosas, al parecer el juez Quiñones dejó al descubierto la falacia de los fiscales que irritó a la defensa; pero se limitó al hecho objetivo de confirmar que lo dicho por ella contrastaba con las manifestaciones del Ministerio Público Fiscal.
La recusación es un instituto cuya interpretación es restrictiva y tiene la oportunidad procesal para su planteo, tratando la norma objetiva que no altere el curso del proceso.
Habitualmente los jueces difícilmente le dan curso, más en un caso como este, en el que la integración del Tribunal no fue fácil, como que lo componen tres jueces de distinta jurisdicción.
EL LIBERTADOR había dado cuenta de la escanalosa suspensión de la audiencia en su edición de ayer.
En este juicio están en el banquillo de los acusados el ex titular del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, sus secretarios penales Federico Grau y Pablo Molina y varios abogados, acusados de realizar negocios non sanctros con narcotraficantes.
Pero el último martes 28, luego de un comienzo traumático, progresivamente y sin que medie información oficial, el Tribunal Oral Federal levantó la sesión prevista para ese día donde debían declarar varios testigos. La semana anterior, el inicio puso sobre el tapete una serie de irregularidades que salieron a la luz pública y dejaron mal parados a los fiscales sobre los cuales giraron todas las miradas.
Con algo de picardía, las defensas logran torcer el eje del debate tendiendo un manto de sospecha sobre el accionar del Ministerio Público Fiscal y una serie de acuerdos llevados a cabo con los supuestos narcotraficantes, a mérito de los cuales se habría buscado desmejorar la situación procesal del ex juez federal Soto Dávila y secretarios de su Juzgado.
La gravedad de las imputaciones generó una fuerte expectativa por la consecución del juicio, para ver lo que aportaron los arrepentidos y el contenido mismo de las negociaciones por las cuales, según la defensa, se manipuló el desarrollo de la causa.
Como telón de fondo, asoma una sórdida maniobra en la que quedó involucrada la ex ministra de Seguridad Patricia Bulrich y a mérito de la cual habría intentado quedarse con el Juzgado Federal más importante de la Provincia, como que tiene siete secretarías y una dotación de 80 personas.
Los interrogantes planteados giran en las pruebas que se aporten y salgan a la luz, así como desentrañar si efectivamente hubo documentación reservada y aparentemente inexistente.
Abogada porteña denuncia aprietes
La abogada defensora del ex juez Federal, Carlos Soto Dávila, Mariana Barbitta, denunció que ayer fue sometida a una «extraña» demora por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), con el argumento de que podría haber una carga sospechosa en su valija (drogas). «Pero sólo tenía libros y expedientes judiciales vinculados a mi trabajo», dijo la profesional ¿Otro apriete en un juicio que despierta más de una sospecha? Ampliaremos.
.