El Gobierno nacional activó un paso clave en su estrategia de descentralización de la infraestructura, abriendo la licitación para la primera etapa del plan de privatización de corredores viales.
El anuncio, que pone en juego tramos estratégicos de las rutas nacionales 12 y 14, se da en un contexto de latente tensión política con los gobernadores del interior, particularmente con el núcleo duro enrolado en el grupo denominado Provincias Unidas, quienes vienen reclamando al Ejecutivo una agenda de diálogo y respuestas concretas a sus necesidades (ver Contratapa).
APERTURA DE SOBRES
El Ministerio de Economía confirmó que el próximo 8 de octubre se llevará a cabo la apertura de sobres para esta fase inicial, que abarca 741 kilómetros e incluye, además de las emblemáticas Rutas 12 y 14, las Rutas 135, A015, 117 y 174. La decisión de transferir a manos privadas más de 9.000 kilómetros de la red federal, por lo tanto, no es sólo una medida económica, sino también un movimiento que resuena directamente en los despachos de las provincias, que han manifestado su preocupación por el estado de las vías de comunicación y la falta de inversión estatal.
OPTIMIZACIÓN
Fuentes del Gobierno argumentan que la participación del sector privado permitirá financiar las obras necesarias, mejorar la seguridad vial y optimizar la administración de los corredores, liberando así recursos públicos.
Sin embargo, para los gobernadores de Provincias Unidas, el reclamo ha sido constante y abarcador: exigen una agenda federal que no sólo se limite a la infraestructura vial, sino que también atienda cuestiones de financiamiento, coparticipación y desarrollo productivo.
La licitación de las rutas, en este escenario, se percibe como una de las primeras respuestas formales a sus inquietudes, aunque resta ver si la iniciativa del Gobierno satisface las expectativas de los líderes provinciales, que han hecho de la situación de las rutas uno de sus principales caballos de batalla en el reclamo por un trato más equitativo.
ETAPAS
El proceso licitatorio continuará en una segunda y tercera fases, que contemplarán otros 8.384 kilómetros. Con la plataforma digital Contrat.ar como instrumento, el Gobierno busca dar celeridad a un proceso que, más allá de los aspectos técnicos, se configura como una pieza clave en la compleja relación entre el poder central y las provincias.